El Ministerio de Trabajo está decidido a que el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027 quede regulado antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, que no quede al albur de un Ejecutivo en funciones o del que tome el relevo. Para ello, el departamento de Yolanda Díaz está acelerando los plazos más que nunca desde que es ministra. Los expertos han entregado su recomendación con premura, en solo tres semanas (plantean una subida del 4,9%, hasta los 1.281 euros brutos en 14 pagas). Sin tan siquiera una presentación pública de ese informe se ha convocado a los agentes sociales este miércoles. Y, según confirman fuentes de la negociación, el ministerio pretende sacar a audiencia pública su propuesta en las próximas horas, previsiblemente este jueves, de manera que los plazos administrativos puedan llegar a tiempo a un Consejo de Ministros previo a los comicios.
Esa premura elimina casi por completo la posibilidad de que UGT y CC OO apoyen el planteamiento de Trabajo, que estará en torno al 5%, frente al 7% que piden las centrales. Ello haría que, por primera vez en sus casi siete años como ministra, Díaz no pacte la subida con los grandes sindicatos de clase.
Este miércoles se ha celebrado la primera y, con toda probabilidad, única reunión del Ministerio de Trabajo con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la subida del SMI. Fuentes al tanto de cómo ha ido la cita sostienen que Trabajo no ha definido su propuesta, si se decanta por el 4,9% que plantean los expertos con la condición de que el SMI siga sin aportar al IRPF. Y el Gobierno ya ha anticipado que piensa aprobar una nueva deducción con tal fin. Aunque los negociadores de Díaz no ha precisado ese extremo, fuentes al tanto de las intenciones del ministerio sostienen que la propuesta de Trabajo se situará en torno a ese 5%, en línea con la evolución interanual de los precios.
Como Trabajo pretende aprobar la subida antes de las elecciones y los plazos son muy estrechos (10 días hábiles en audiencia pública para recibir alegaciones), el ministerio está decidido a no alargar las negociaciones con los agentes sociales. El apoyo de CEOE y Cepyme no es una opción, dado que en la reunión no han planteado una cifra de incremento, sino que han sostenido que este tema debería discutirse una vez celebradas las elecciones generales. A favor de ese argumento patronal está el hecho de que las subidas de los últimos años se vienen aprobando en torno a febrero y con efectos retroactivos, pero Trabajo alega, según fuentes de la negociación, que no quiere dejar la subida del suelo retributivo pendiente de un gabinete en funciones.
Con todo, las patronales solo han respaldado una subida del SMI desde que Díaz es ministra, la que aprobó en 2020 hasta 950 euros. Los sindicatos, sin embargo, han apoyado todas y cada una hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas que rigen actualmente (desde 2018, el aumento acumulado es del 66%). Sin embargo, según sostienen fuentes sindicales, todo apunta a que esta vez no habrá acuerdo formal entre las centrales y Trabajo por varios motivos.
Uno de los principales es que la premura del ministerio hará que concrete una cifra de subida en el trámite de audiencia pública, y ese número no va a satisfacer las reivindicaciones sindicales. Fuentes de las dos grandes centrales señalan que esta vez no están dispuestos a rebajar sus expectativas por debajo del 7% que ya han planteado, y el ministerio no va a llegar a ese planteamiento, más de dos puntos por encima del dato de inflación interanual.
Preguntado al respecto este miércoles por la mañana, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha dicho: “Nos vamos a mantener firmes en la reivindicación del 7%. El Gobierno tiene su informe y el Gobierno tendrá que decidir si finalmente hay una subida antes de las elecciones del SMI, si se acoge a ese informe o si se aviene a las posiciones de los sindicatos”. El jefe de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado este miércoles contra la patronal por “bloquear” la negociación de un acuerdo nacional de convenios. El último venció a finales de 2025. “No nos hemos reunido porque no se han querido reunir. No quieren negociar los convenios, ni hablar de reducción de jornada ni de vivienda”, ha dicho el ugetista.
Más allá de que Trabajo pretende echar a andar el trámite administrativo sin dar tiempo a la negociación, otro elemento que aleja un posible apoyo sindical al incremento es la cercanía de la huelga general del 11 de noviembre. A las puerta del primer paro total respaldado por CC OO y UGT en 14 años, para las centrales es más difícil ceder en sus posiciones, como sí han hecho en ocasiones anteriores.
En la misma línea, fuentes al tanto de los planes de Trabajo sostienen que el ministerio no aprobará antes de las elecciones generales la reforma de las normas de absorción de pluses, de manera que se evite que los empresarios puedan compensar las subidas del SMI eliminando distintos pluses retributivos. Los sindicatos pusieron como condición este cambio, que las patronales rechazan frontalmente, para pactar el SMI de 2026: dijeron que no acordarían un nuevo incremento si no se emprendía esa reforma.
Fuentes de la negociación del SMI creen que Trabajo sí aprobará antes de las elecciones el refuerzo del registro horario, el plan B del ministerio ante el rechazo del Parlamento a la reducción de jornada. Economía y Trabajo pactaron llevarlo al Consejo de Ministros en septiembre, pero no cumplieron esa promesa. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, dijo la vicepresidenta segunda en marzo, cuando trascendió un dictamen crítico del Consejo de Estado.
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