El Gobierno no descarta entregar bonos a quienes resulten afectados por la emergencia, aunque todavía no ha definido si estos incluirán a los trabajadores que, de darse el caso, queden bajo una suspensión perfecta.
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, precisó, durante el programa de streaming de El Comercio “Tenemos que hablar”, que la evaluación de estas ayudas no se limitará a quienes estén comprendidos en una eventual suspensión perfecta, sino que abarcará al conjunto de trabajadores afectados por la emergencia. La identificación de los beneficiarios, explicó, se realizará una vez que se conozca qué empresas y trabajadores han sido impactados.
“Tenemos que trabajar una vez que se acojan y hay mecanismos como la planilla electrónica para poder identificarlos, porque van a ser bonos focalizados”, indicó. El ministro sostuvo que el objetivo es evitar problemas de filtración como los registrados durante la pandemia del COVID-19, cuando se entregaron subsidios a personas que no cumplían con los criterios para recibirlos.
Respecto a la posibilidad de que estos bonos formen parte de los S/18.000 millones anunciados para atender la emergencia, Sheput evitó confirmar una asignación presupuestal. Señaló que primero deberá conversar con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y que la evaluación dependerá de la ubicación geográfica y las condiciones de vulnerabilidad de los afectados.
“Quiero ser bien responsable con el manejo de los recursos públicos y establecer la georreferencia, el lugar y luego el acto de vulnerabilidad; procederemos a evaluarlo con el ministro de Economía”, afirmó.
Supervisión sobre las mypes
En paralelo, Sheput anunció que el Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de ley para que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pueda supervisar a las micro y pequeñas empresas en las regiones.
El ministro explicó que la entidad perdió atribuciones para fiscalizar a este segmento empresarial, lo que, a su juicio, podría dificultar la verificación de una eventual suspensión perfecta de labores en un escenario de emergencia.
“Ante una eventualidad del FEN, las empresas que se declaren en suspensión perfecta, tenemos que verificarlas y no vamos a poder hacerlo si es que no tenemos ese poder, no podremos saber si es correcto o no [que se acojan a esta medida]”, advirtió.
La iniciativa busca, según lo señalado por Sheput, recuperar esa capacidad de supervisión para comprobar si las empresas que recurran al mecanismo cumplen con las condiciones que justifican su aplicación. El proyecto deberá seguir el trámite correspondiente para convertirse en ley.
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