Tristemente se está haciendo habitual que en cada cita electoral se cuestionen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el aborto. Lamentable la utilización de los derechos de las mujeres como moneda de cambio electoral es ya un clásico. Más allá de manifestar el hartazgo por que se manoseen conceptos ya superados y acordados internacionalmente desde los años noventa – sobre que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a ejercer el control y a decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a la sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia-. Me gustaría recordar que, en España con la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se alcanzó un amplio consenso social y político; y que más de una década después la práctica ha demostrado que es una ley positiva para las mujeres y especialmente para las menores de edad.
Con la legislación española aprobada en 2010, y modificada en 2023 sobre todo para reforzar el acceso al aborto en el sistema público, el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación, y es accesible para menores desde los 16 años sin permiso paterno. Una cuestión que es coherente con la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, que marca la llamada mayoría de edad sanitaria a los 16 años.
Con una eventual contrarreforma del aborto se podría dar la paradoja de que se obligara a una joven maltratada por su padre a pedir permiso a su maltratador. Y no es necesario recordar que cuando las mujeres no estaban protegidas por la ley se veían abocadas al aborto clandestino o/e inseguro.
Carmen Montón, embajadora observadora permanente de España ante la OEA. Exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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