En política, la verdadera medida de una reforma no está en los aplausos que recibe cuando se aprueba, sino en su capacidad para sobrevivir a quienes prometieron derogarla. La reforma laboral de Fátima Báñez -desaparecida ayer en el accidente ferroviario de Toledo-, que fue aprobada en febrero de 2012, ofrece un ejemplo singular.
Fue combatida en las calles, denunciada por los sindicatos y convertida en símbolo de la austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, cuando el PSOE regresó al poder, buena parte de sus mecanismos esenciales permanecieron vigentes, aunque desde 2021 Yolanda Díaz se esforzara por desnaturalizarla más que mejorarla.Báñez, empresaria y política sin gran experiencia previa en el ámbito laboral, tuvo el valor de asumir el Ministerio de Empleo en 2011 en uno de los momentos más difíciles de la economía española.
El país se encaminaba hacia los seis millones de parados, sufría una profunda recesión y estaba amenazado por una crisis de financiación. La legislación laboral había demostrado una extraordinaria rigidez para adaptarse a los cambios económicos: las empresas respondían a las dificultades destruyendo empleo, Ocurría más o menos lo mismo que sucede ahora con la vivienda: el gobierno protegía a los que tenían un contrato y descargaba el peso sobre los 'outsiders'.En vez de apostar por los abogados laboralistas, que visualizan el mercado laboral como un equilibrio de derechos , Báñez puso la reforma en manos de economistas que actuaron bajo el imperio de la evidencia científica.
Su reforma introdujo novedades especialmente relevantes en dos de las tres etapas de la vida laboral: la permanencia en la empresa y la salida. Generalizó la indemnización de 33 días por despido improcedente, precisó las causas económicas del despido objetivo y amplió las posibilidades de adaptación interna de las empresas.
Su propósito era que la reducción de plantilla dejara de ser la respuesta casi automática a una caída de actividad .Los resultados no fueron inmediatos. En 2013, el desempleo todavía superaba el 26% y los sindicatos denunciaban el deterioro de las condiciones laborales.
Pero la recuperación posterior fue acompañada de una intensa creación de empleo. A finales de 2018, la tasa de paro había descendido hasta el 14,45%. Sería abusivo atribuir toda esa mejora a una sola ley: también contribuyeron la recuperación europea, la política monetaria del BCE y la normalización financiera.
Pero tampoco resulta riguroso excluir la reforma de la explicación.En numerosas columnas defendí que la reforma laboral, sin ser perfecta, representaba un paso adelante. Su principal debilidad fue no resolver la dualidad del mercado de trabajo. Pero su fortaleza estuvo en modificar los incentivos de empresas y trabajadores para afrontar las crisis.El mismo Rajoy se dedicó a contrarreformar en ámbitos que había prometido cambiar o que modificó para contentar a Europa.
Pero la reforma de Báñez sobrevivió a los suyos y parcialmente a sus detractores, incluso después de que estos proclamaran su derogación. Hay pocas pruebas más elocuentes de la distancia que separa la retórica política de las necesidades de una economía. Ese es el legado que debe ser examinado al valorar su trayectoria.
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