La solidaridad internacional, la coordinación entre gobiernos y la transparencia son indispensables ante una amenaza infecciosa. Pedro Sánchez y Tedros Adhanom Ghebreyesus aciertan al defenderlas en su artículo en «The New England Journal of Medicine» sobre el brote de hantavirus Andes a bordo del MV Hondius. La carta ha suscitado comentarios por la firma del presidente del Gobierno y su encaje en los criterios de autoría científica. Pero ese debate no debe distraernos de lo esencial: qué hemos aprendido y qué queda por resolver.
Puesto que científico es el foro, apolítica es toda respuesta. Como presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), quiero señalar una carencia que el artículo pasa por alto: España sigue sin reconocer en 2026 la especialidad de Enfermedades Infecciosas. No es una objeción partidista ni una descalificación de la respuesta al brote. Es una reclamación sanitaria que llevamos años defendiendo y cuya solución depende del Gobierno que preside uno de los firmantes.
Los catorce pasajeros españoles desembarcaron en Tenerife y fueron trasladados a un hospital en Madrid para cumplir la cuarentena. Concentrar la atención en un centro preparado puede ser adecuado. Sin embargo, trasladar a todo un grupo más de 1.700 kilómetros obliga a preguntarse por la distribución de recursos y nuestra capacidad de respuesta ante más pacientes o varios focos simultáneos.
No pedimos que cada hospital disponga de instalaciones para cualquier infección de alto riesgo. Determinados recursos deben concentrarse. Pedimos una red estable de servicios de Enfermedades Infecciosas, con dotaciones suficientes y profesionales formados mediante una especialidad reconocida por la vía MIR. Un centro al que trasladar pacientes no resuelve, por sí solo, la preparación del conjunto del sistema.
España sigue siendo el único país europeo que no reconoce oficialmente esta especialidad, pese a la excelencia asistencial e investigadora demostrada por nuestros profesionales durante décadas. Ante epidemias, pandemias y brotes, han compensado con dedicación las carencias organizativas. Pero su experiencia no garantiza el relevo. Quienes asuman esa responsabilidad deben recibir una formación específica, reglada y supervisada, sin depender de itinerarios personales o del empeño de un servicio. En España, esto tiene un nombre: MIR.
No hablamos de una disputa por títulos, sino de garantías para los pacientes que necesitan esa atención especializada. Atender una infección compleja exige conocimientos, experiencia y equipos capaces de conservar y transmitir lo aprendido. Reconocer la especialidad permite ordenar la formación, definir competencias y planificar el futuro, sin asumir que siempre habrá alguien dispuesto a suplir lo que la Administración no ha resuelto.
Tampoco falta una propuesta técnica. Un comité con representantes de todas las comunidades autónomas, coordinado por el Ministerio de Sanidad, ha valorado favorablemente un programa de residencia de cinco años, con una base común con otras especialidades médicas, confirmando que cumple los criterios para una nueva especialidad del Real Decreto 589/2022, de 19 de julio. El trabajo está hecho; falta traducirlo en una decisión, sin esperar a una nueva crisis. Una eventual convocatoria electoral no debería interrumpir los plazos de aprobación: los pacientes con infecciones graves y complejas siguen necesitando especialistas bien formados, con independencia del calendario político.
«Es hora de poner fin a esta desigualdad injustificable»
Nuestra posición geográfica y la creciente frecuencia de los brotes hacen especialmente importante esa preparación. Los protocolos son necesarios, pero hacen falta infraestructuras, profesionales y servicios clínicos que funcionen todos los días, también sin alertas. Esa capacidad no se improvisa durante una emergencia ni puede depender de que una enfermedad ocupe las portadas: se construye con decisiones sostenidas, presupuesto y formación.
La petición a los autores es concreta. El procedimiento está ahora en manos de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, dentro del Gobierno que preside el primer firmante. El plazo legal finaliza el 16 de diciembre, tras sucesivos retrasos. El presidente tiene la oportunidad de respaldar con hechos el mensaje que ha firmado. Tedros puede apoyar, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida coherente con la preparación que su artículo alaba y que depende de su colega de autoría. En 2019, la OMS identificó diez grandes amenazas para la salud mundial: seis estaban relacionadas con enfermedades infecciosas.
No pedimos otra declaración de intenciones. Pedimos culminar el reconocimiento de la especialidad y reforzar los servicios de Enfermedades Infecciosas en todo el territorio, sin esperar otra legislatura, crisis o pandemia. Es hora de poner fin a esta desigualdad injustificable y garantizar a los ciudadanos españoles la atención por especialistas en Enfermedades Infecciosas cuando padecen una infección grave o compleja, al igual que a los ciudadanos de los demás países europeos.
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