España dispone de margen para aumentar la financiación de los medicamentos innovadores sin comprometer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es la principal conclusión de un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), elaborado con la colaboración de Farmaindustria, que cifra en más de 27.400 millones de euros anuales la aportación económica y fiscal de los medicamentos y de la industria farmacéutica. Según el estudio, esta cantidad supera los 24.800 millones que se destinaron a financiar medicamentos en 2024.
El documento, titulado Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario, analiza la evolución del gasto farmacéutico y su impacto sobre otras partidas presupuestarias. Sus autores defienden que los tratamientos no deben evaluarse únicamente por su coste directo, sino también por los ahorros que pueden generar al reducir hospitalizaciones, bajas laborales y otras prestaciones sociales.
Uno de los datos destacados del trabajo es que la proporción del gasto público destinada a medicamentos descendió del 4% en 2003 al 3,4% en 2024, pese al incremento de la inversión en términos absolutos. En relación con el producto interior bruto (PIB), el peso de esta partida se ha mantenido prácticamente igual durante más de dos décadas, en torno al 1,5%-1,6%.
Esta evolución contrasta con el aumento de la demanda. Entre 2013 y 2024, el número de recetas creció un 34%, mientras que el coste medio por receta solo aumentó un 8%, por debajo de la inflación acumulada en ese periodo, que el informe sitúa en el 23%. Los autores atribuyen buena parte del incremento del gasto a un mayor volumen de prescripciones, y no al encarecimiento de cada receta.
El estudio también compara el gasto farmacéutico ambulatorio por habitante entre países europeos. En 2023, España destinó 360 euros por persona a las recetas financiadas, 117 euros menos que la media europea, 200 menos que Francia y 340 menos que Alemania. Estas diferencias, según AFI, apuntan a que existe margen para reforzar la inversión, aunque las cifras deben interpretarse teniendo en cuenta las diferencias entre sistemas sanitarios y modelos de financiación.
Cada euro genera ahorros en otras partidas
El informe estima que por cada euro de inversión pública en medicamentos se ahorran 64 céntimos en otras partidas, principalmente en gasto hospitalario, pensiones y bajas por enfermedad. Aplicando esta estimación a los 24.800 millones de euros destinados a medicamentos en 2024, los autores calculan un ahorro de unos 15.900 millones de euros.
A esta cifra suman las aportaciones fiscales de la industria farmacéutica. En 2025, las empresas del sector generaron, mediante impuestos y cotizaciones sociales derivados de su actividad directa, más de 4.100 millones de euros de ingresos públicos. Si se incorporan los efectos indirectos e inducidos sobre el resto de la economía, la recaudación estimada asciende a 10.100 millones.
El cálculo global de más de 27.400 millones de euros incluye estos ingresos fiscales, los ahorros asociados a los medicamentos, las aportaciones del sector previstas en la normativa y los ahorros derivados de la revisión de precios. Por tanto, no equivale a un retorno presupuestario directo ni a un ahorro neto de esa cuantía: reúne conceptos económicos diferentes estimados por los autores del estudio.
El envejecimiento elevará la demanda
Por otro lado, el documento advierte de que el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas (que ya padecen dos de cada tres españoles) presionarán al alza las necesidades de tratamiento. Más del 80% de los mayores de 65 años tiene algún medicamento prescrito de forma continuada, según los datos recogidos en el informe. A ello se suma el impacto de la falta de adherencia terapéutica, que AFI cifra en unos 11.000 millones de euros anuales en gasto sanitario adicional.
Para los autores, aumentar una décima del PIB la inversión pública destinada a medicamentos innovadores permitiría incorporar más tratamientos y generaría más de 1.300 millones de euros de valor añadido para la economía, además de contribuir al mantenimiento y creación de más de 16.000 empleos directos e indirectos. Se trata de estimaciones del propio informe, que defiende que reforzar la financiación farmacéutica puede ser compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas.
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