El Niño no es la pandemia

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Con la llegada del fenómeno de El Niño (FEN), la responsabilidad se convierte en una exigencia compartida. El Gobierno debe prevenir y gestionar la emergencia; los medios, informar con rigor y ofrecer orientación útil, sin alimentar el pánico; y los ciudadanos, evitar riesgos y atender las indicaciones de las autoridades. La urgencia no elimina la obligación de actuar con proporcionalidad: el FEN puede causar daños severos, pero eso no justifica trasladar automáticamente las medidas adoptadas durante la pandemia.

En la discusión pública, algunos actores han planteado un nuevo Reactiva y recurrir a la suspensión perfecta de labores. El primero facilitó préstamos con garantías estatales de hasta el 98% y un límite autorizado de S/60.000 millones, una escala sin precedentes en el país. La segunda permite interrumpir temporalmente el trabajo y el pago de remuneraciones sin extinguir el vínculo laboral; durante la pandemia se reguló una modalidad excepcional que debía aplicarse después de agotar otras alternativas.

Aquellas medidas respondieron a una emergencia sanitaria que paralizó buena parte de la economía y una cuarentena nacional que se prolongó por más de cien días. ¿Enfrentamos con el FEN una paralización comparable? No. ¿Es un riesgo sin margen de anticipación? Tampoco. ¿Corresponde reeditar aquellas herramientas sin demostrar su necesidad? No. La magnitud de una intervención debe responder al daño que busca atender y no limitarse a copiar un precedente.

Esto no significa restarle gravedad al fenómeno ni negar apoyo. El Gobierno debe proteger a la población más vulnerable y diseñar medidas focalizadas, incluidas facilidades tributarias y ayudas económicas para las pymes y los sectores severamente afectados, como la pesca y el sector textil. La ayuda debe llegar a tiempo, con objetivos claros y criterios verificables. Frente a propuestas que buscan reeditar respuestas extraordinarias, corresponde reconocer que el MEF no las haya hecho suyas. Mantener la mesura económica será la garantía para atender la emergencia, cuidar los recursos públicos y preservar su credibilidad, especialmente bajo presión.