La crítica de Manuel Castells a los grandes poderes tecnológicos desemboca en una descalificación personal, pero su argumento principal es político: el dominio digital puede disputarse. El sociólogo lo expuso en una conversación de marzo de 2026 con Daniel González Romero, publicada por la revista mexicana El Diluvio en mayo.
«Se creen unos genios, pero son unos pobres estúpidos», afirmó al hablar de dirigentes que, a su juicio, pretenden escapar al espacio o al metaverso. Es una descalificación del entrevistado, que incluye también alusiones a su salud mental sin aportar información clínica que las respalde.
En otra respuesta había mencionado a Elon Musk y Peter Thiel al cuestionar una ideología que considera contraria al interés general. A la vez, separó esos proyectos de las iniciativas de ingenieros que trabajan en beneficio de la sociedad. No presenta la tecnología como un destino inevitable ni equipara toda innovación con los intereses de sus principales propietarios.
El poder de decidir qué puerta se abre
El concepto de poder digital tiene una traducción regulatoria concreta en Europa. La Comisión Europea explica que el Reglamento de Mercados Digitales, conocido como DMA, identifica grandes plataformas que actúan como guardianes de acceso entre empresas y consumidores. Controlar el acceso puede condicionar la competencia, una cuestión relacionada con el debate sobre los controles tecnológicos y quién los impone.
Ese marco contempla servicios como buscadores, tiendas de aplicaciones y mensajería, y establece obligaciones y prohibiciones específicas. La posición de intermediario tiene consecuencias: para una empresa que necesita llegar a sus clientes, las reglas de una plataforma pueden ser tan relevantes como su propia capacidad de producir. Este debate sobre el perfilado de usuarios también afecta a cómo se organiza la relación entre servicios y público.
El DMA complementa las normas europeas de competencia. La Comisión sitúa su entrada en vigor en noviembre de 2022 y su aplicación desde mayo de 2023. Se trata de intervenir sobre conductas concretas mediante obligaciones jurídicas. Ese terreno permite examinar el poder empresarial sin depender de las valoraciones personales que Castells dirige a determinados dirigentes.
Informes, supervisión y capacidad de respuesta
El 9 de marzo de 2026 la Comisión comunicó la recepción de informes actualizados de cumplimiento de Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft. También anunció informes auditados independientemente sobre técnicas de perfilado de consumidores. La transparencia necesita documentos que puedan examinarse, además de declaraciones públicas. La reflexión alcanza a los vínculos con asistentes que parecen ofrecer un trato individualizado.
La institución explicó que analizaría la eficacia de las medidas comunicadas, con aportaciones de terceros interesados y mediante el diálogo regulatorio y los procedimientos en curso. Presentar un informe no acredita cumplimiento por sí mismo. La supervisión consiste precisamente en contrastar si los cambios declarados resuelven las obligaciones que deben atender las plataformas, dentro de un mercado que también afecta a la organización del trabajo.
Castells defiende en la entrevista responder con democracia, conocimiento y ética, y adaptar las tecnologías a necesidades sociales. Su propuesta reclama capacidad de elección colectiva. La descalificación de los oligarcas es la parte más áspera de su intervención; el desarrollo de su argumento sitúa el conflicto en quién orienta la innovación, quién se beneficia de ella y qué instituciones pueden exigir explicaciones.
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