La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder de forma remota a móviles Android y iPhone

La Guardia Civil ha comprado una herramienta diseñada para registrar de forma remota los móviles de las personas que se encuentren bajo investigación, sin necesidad de incautar los dispositivos. El contrato, publicado en el BOE, ofrece pocos detalles técnicos, pero sí revela lo que el sistema es capaz de hacer.

Espionaje a distancia. Según el contrato, la herramienta funciona tanto en Android como en iOS. La idea es que el sistema pueda ser capaz de alojar software en los teléfonos objetivo y proporcionar un “acceso transparente” a sus contenidos y comunicaciones. O lo que es lo mismo, que las autoridades puedan acceder a toda la información del teléfono sin que la persona se de cuenta.

Normalmente, la forma de proceder es incautar un teléfono móvil y proceder al análisis del mismo, una vez confiscado. Sin embargo, esta herramienta se ahorraría bastantes pasos.

El acuerdo. Tal y como señala la publicación en el BOE, el contrato fue adjudicado el 26 de marzo de 2026 a Fortier Europe, una empresa con sede en Boadilla del Monte, Madrid. El precio por el que la Guardia Civil compró el software fue de 2.066.115,70 euros antes de IVA (unos 2,5 millones de euros incluyendo impuestos).

El contrato se negoció sin licitación pública y solo se recibió una oferta. Tiene sentido teniendo en cuenta que el anuncio dice que el fabricante había concedido los derechos exclusivos de suministro y distribución a la empresa mencionada.

Lo que no sabemos. Los documentos publicados no mencionan al fabricante ni detallan las características específicas del producto. Tampoco explican cómo se instalaría el software en un teléfono, ni si se llegaría a necesitar acceso físico al dispositivo. Que no contemos con esta información nos deja dudas acerca del alcance de la herramienta.

Lo que dice la ley. Disponer de la herramienta no significa que los agentes puedan registrar el teléfono de cualquier persona. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de España permite registros remotos únicamente con autorización judicial. Tal como cuenta El Confidencial Digital, la ley permite a un juez aprobar un software que examine un dispositivo de forma remota y sin el conocimiento de su propietario, pero solo para una lista cerrada de delitos:

• Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
• Terrorismo.
• Delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
• Delitos contra la Constitución, traición y delitos relacionados con la defensa nacional.
• Delitos cometidos a través de tecnologías informáticas o de telecomunicación.

Los límites. La orden judicial debe especificar qué dispositivos se ven afectados, cómo se accederá a los datos y se incautarán, qué agentes pueden llevar a cabo la medida y cómo se protegerá la integridad de los datos. Esta medida dura como máximo un mes, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de tres meses, según cuentan desde el medio.

Quién es el proveedor. Fortier Europe fue fundada en marzo de 2011 y aparece regularmente en los contratos del Ministerio del Interior. El Digital de Albacete informa de al menos 13 contratos por valor de unos 15,6 millones de euros antes de IVA. En sus adjudicaciones de este año se incluyen un contrato de 743.802 euros para dos sistemas portátiles para localizar dispositivos móviles y extraer información de ellos, y un contrato de 495.570 euros para dispositivos de captura de audio y GPS. Los registros también muestran un acuerdo de mantenimiento de la Guardia Civil en 2020 para la plataforma EGOBOX.

Imagen de portada | Guardia Civil Córdoba

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La noticia La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder de forma remota a móviles Android y iPhone fue publicada originalmente en Xataka por Antonio Vallejo .