Juan Roig llevó el debate sobre los impuestos hasta las cajas de sus supermercados. Durante la presentación de resultados de Mercadona, celebrada el 10 de marzo de 2026 en el centro de coinnovación Jarrods de Paterna, el presidente de la compañía utilizó a sus trabajadoras para reclamar una fiscalidad más homogénea dentro de España.
Al comparar la situación de una cajera de su empresa en ambas comunidades, afirmó: «En Valencia paga más impuestos que una cajera nuestra en Madrid». La intervención corresponde al turno de preguntas de aquella rueda de prensa, recogida en vídeo por Europa Press. Roig trasladó a los responsables políticos la obligación de resolver esa diferencia.
Su respuesta llegó al abordar la financiación autonómica y sus efectos sobre la sociedad valenciana. El empresario defendió que los ciudadanos deberían pagar los mismos impuestos en el conjunto del país. También cuestionó la gestión de los servicios públicos y pidió a las administraciones mejores resultados en ámbitos como la sanidad, la educación y la seguridad.
La crítica fiscal en un año de beneficios récord
La petición convivía con su defensa de la rentabilidad del negocio y de la obligación de contribuir a las cuentas públicas. En aquella presentación, Roig cifró en 690 millones de euros el impuesto sobre beneficios de Mercadona, con un tipo efectivo del 22,8 %. El presidente manifestó su satisfacción por pagarlo y vinculó esa recaudación con los servicios que recibe la sociedad.
En el balance expuesto ante los medios, Mercadona obtuvo 1.729 millones de beneficio neto en 2025. De esa cantidad, 1.383 millones se destinaron a reinversión. El empresario situaba así la discusión fiscal dentro de un ejercicio de crecimiento, en el que la compañía también presentó mejoras para sus empleados y mantuvo su discurso sobre las prioridades de la empresa.
Para 2026, Roig explicó que la cadena había destinado 1.000 millones a mejoras laborales, entre incrementos salariales, primas y una semana adicional de vacaciones. La comparación entre cajeras introducía otro factor en esa política: junto a las condiciones que decide la empresa están las normas tributarias que determinan la contribución de cada trabajador.
Qué cambia en el IRPF según la comunidad
El Manual práctico de Renta 2025 de la Agencia Tributaria explica que las comunidades de régimen común pueden regular su propia escala autonómica del IRPF, que debe ser progresiva. También tienen competencias sobre determinadas deducciones y, dentro de los límites legales, sobre los mínimos personales y familiares empleados para calcular el gravamen autonómico.
Eso permite que existan diferencias territoriales, pero el resultado exige conocer las circunstancias de cada contribuyente. Los ingresos, la situación familiar y las deducciones aplicables forman parte del cálculo. Una comparación rigurosa necesita fijar esos datos; la declaración de Roig, por sí sola, no establece una diferencia en euros que pueda aplicarse a todas las cajeras.
También importa dónde se reside habitualmente. Según el mismo manual, el primer criterio es la comunidad donde se permanece más días durante el periodo impositivo. Para estudiar el efecto sobre las finanzas personales, por tanto, no basta con identificar la ubicación de un supermercado: hay que determinar qué normativa autonómica corresponde al trabajador.
Entre las herramientas de cálculo, la Agencia Tributaria ofrece Renta WEB Open. Es un simulador de la declaración que permite introducir datos personales y económicos sin identificarse como contribuyente. Sirve para ensayar el resultado, pero no permite presentar la declaración ni convierte una estimación incompleta en una liquidación definitiva.
La reclamación de Roig expresa una preferencia política por igualar la tributación territorial. El sistema vigente reconoce, en cambio, capacidad normativa a las comunidades. Esa combinación de reglas comunes y decisiones autonómicas es la que hay que examinar para comprobar cuánto paga una persona concreta y qué parte de la diferencia procede del lugar donde reside.
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