Casi seis décadas han pasado desde que las personas trans estuvieron en la primera línea de la historia de la defensa de la dignidad y conquista de los derechos LGTBIQ+, en la revuelta de Stonewall. Sin embargo, y a pesar de la legislación pionera y referente internacional de la que España se ha dotado, –primero en 2007 y después en 2023–, la igualdad para las personas trans y para la garantía de todos sus derechos aún no es real y efectiva.
Lejos de poder bajar la guardia, los datos muestran el recrudecimiento de los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+, especialmente contra las personas transexuales. Según la Federación Estatal de LGTBIQ+, el 54% del colectivo ha sido acosado, discriminado o agredido. Y la mitad de las personas trans han sido víctimas de violencia física en el último año.
Este incremento de la violencia no surge por generación espontánea; se correlaciona con el aumento de los discursos de odio de la derecha y la extrema derecha, que la legitima y habilita. Lo que se dice desde el poder –cargos públicos, líderes políticos, religiosos, económicos, de medios de comunicación o de redes sociales…– tiene consecuencias concretas en la vida de las personas.
En la España de hoy, para una infancia trans, poder decir quién es debería ser un acto de libertad, no una situación de riesgo.
Las infancias trans tienen derecho a crecer siendo quienes son, con reconocimiento, cuidado, protección, espacios seguros y acciones afirmativas. El Estado es responsable de garantizar esos derechos y de actuar con contundencia frente a las violencias por motivos de identidad de género.
Carmen Montón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar social
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