El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que dará una recompensa de un millón de dólares a quien denuncie algún caso de fraude en las elecciones al Congreso del próximo 3 de noviembre o en comicios pasados.
"¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá un pago de 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron dicho fraude!", escribió en Truth Social el mandatario, quien sigue sin reconocer su derrota en las presidenciales de 2020
El Gobierno de Trump tiene hasta este lunes para entregar a una jueza sus planes de despliegue de agentes federales en los centros electorales, a ocho días de las elecciones de medio mandato y en medio de denuncias de "intimidación" por parte de personal migratorio durante el voto anticipado.
La jueza Loren AliKhan fijó la entrega para este lunes y para el miércoles debe incluir los análisis de amenazas que determinan si los agentes pueden acudir a un lugar de votación, según los archivos judiciales consultados por EFE.
La jueza del Distrito de Columbia consolidó varias demandas presentadas por la ciudad de Denver (Colorado), organizaciones hispanas como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) y UnidosUS, la organización de derechos civiles NAACP, sindicatos y líderes demócratas del Congreso.
Los demandantes sostienen que el Gobierno adoptó una política para enviar a las urnas agentes del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una presencia que, a su juicio, intimidaría a los votantes y vulneraría la Ley de Derecho al Voto.
El Gobierno estadounidense respondió ante el tribunal que los demandantes no señalan ninguna política ni declaración que muestre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) pretende desplegar agentes armados en los centros de votación, y calificó de especulativos sus temores.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró en septiembre que el ICE no patrullaría las urnas y que sus agentes solo acudirían a un centro de votación ante una amenaza o para detener a alguien con una orden judicial.
Una ley estadounidense prohíbe a los funcionarios del Gobierno llevar tropas u hombres armados a los lugares donde se vota, salvo para repeler a enemigos armados del país.
En Florida, la supervisora electoral del condado de Monroe, Sherri Hodies, avisó al FBI e investiga la detención de un hombre por agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza el martes pasado junto a un centro de votación anticipada en los Cayos de Florida, en el extremo sur del estado.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), de la que depende la Patrulla Fronteriza, aseguró a medios estadounidenses que se trató de una operación migratoria contra esa persona, que estacionó su vehículo en un lugar contiguo al centro de votación.
Las demandas citan, entre otras, intervenciones previas del ICE junto a centros de votación durante las primarias en San Antonio (Texas) en mayo y en el condado de Ventura (California) en junio.
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