Los albertinos fueron ayer a las urnas para decidir sobre su futuro territorial ¿deberían la seguir formando parte de Canadá o es hora de una votación vinculante sobre la independencia de su provincia ?
La grieta que Canadá arrastra desde hace décadas por el petróleo llevó ayer a los ciudadanos de Alberta a las urnas. La provincia, corazón energético del país, decidía este lunes si seguir formando parte de Canadá, o abrir el camino a una futura votación sobre su independencia. Al cierre de esta edición todavía no se conocían los resultados, pero la consulta había convertido el resentimiento hacia Ottawa, la capital canadiense, en toda una prueba para la unidad nacional en un momento en que Donald Trump amenaza con sumar Canadá como estado 51 de EE UU. Hace pocos días, un sondeo de Angus Reid situaba en el 66% el apoyo a permanecer en Canadá.
Ayer los albertinos no votaron directamente por separarse, sino por permanecer con Canadá o iniciar el procedimiento sobre la independencia, esta vez vinculante. Era una de las diez preguntas que se sometieron a votación, junto con otras relacionadas con inmigración, acceso a servicios públicos o aspectos más específicos como la obligación de demostrar la ciudadanía canadiense para votar en elecciones provinciales.
Independientemente del resultado que se haya conocido hoy, la independencia no sería tarea fácil. La ley exige una mayoría clara y una pregunta inequívoca sobre la separación, no simplemente sobre iniciar el proceso para votarla. Además, la provincia no puede marcharse unilateralmente, serían necesarias negociaciones y una reforma constitucional para abordar los derechos indígenas, las posibles modificaciones de las fronteras de Alberta y cómo repartir los bienes y la deuda pública de Canadá entre este país y el supuesto recién creado. La Fundación Canada West, un centro de estudios sin ánimo de lucro con sede en Alberta, calcula que la independencia supondría entre 258.000 y 333.000 millones de dólares canadienses de deuda adicional, lo que equivale a entre 163.000 y 210.600 millones de euros que, sumados a los costes adicionales y el impacto previsto sobre el PIB provincial, la separación reduciría de media un 5,8% la renta disponible de sus habitantes.
El conflicto viene de tiempo atrás y tiene raíces económicas. Alberta concentra aproximadamente el 96% de las reservas petroleras del país, situando Canadá en el cuarto puesto de exportadores en el ranking mundial por detrás de Venezuela, Arabia Saudí e Irán. Los independentistas sostienen que esa riqueza beneficia al conjunto del país mientras Ottawa continúa imponiendo exigencias ambientales en forma de impuestos que, según ellos, encarecen la extracción y frenan inversiones. En definitiva, denuncian que aportan más de lo que reciben.
El debate, que ha convertido el petróleo en auténtico combustible político, se agravó con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Su Gobierno implantó en 2019 un impuesto federal sobre combustibles contaminantes que se empezó a aplicar en Alberta un año después. También propuso limitar las emisiones del sector petrolero, una medida que los más críticos tomaron como un freno de crecimiento. Sin embargo, ese malestar apenas se tradujo en votos y, en aquel momento, los partidos separatistas solo obtuvieron un máximo del 2% de apoyo, según el ex primer ministro provincial, Jason Kenney.
Para Kenney, fue la llegada de la pandemia lo que movilizó a la mayoría de los activistas contra Ottawa. Muchos vieron en las restricciones sanitarias una oportunidad para revelarse contra lo que consideraron una intromisión del Gobierno central en sus libertades. Desde octubre de 2021 hasta junio de 2022, el gobierno exigió vacunarse contra la COVID para quienes quisieran volar desde Canadá o hacer uso de determinados trenes. Fue entonces cuando nació el movimiento Convoy de la Libertad, que hacía frente a las exigencias de vacunación de camioneros transfronterizos. No era exactamente una protesta por la independencia, pero algunos organizadores trasladaron después su activismo al separatismo.
Lo curioso es que Danielle Smith, la primera ministra provincial que ha convocado el referéndum, defiende permanecer en Canadá. Cedió a la presión de independentistas de su Partido Conservador Unido, entre ellos activistas que contribuyeron a llevarla al poder. Aunque comparte su objetivo, aceptó cometerlo a votación para medir su respaldo y zanjar de una vez por todas el debate.
Por si fuera poco, todo ocurre con Donald Trump presionando al país mediante aranceles y amenazas de anexión. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ya ha alertado de que una ruptura abriría años de incertidumbre en un momento en que el país necesita más unidad que nunca. Carney ha intentado rebajar el conflicto energético eliminando el impuesto federal al carbono para los consumidores, efectivo desde abril de 2025, y respaldando un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico. Sus concesiones buscan responder al descontento sin romper el país. La otra cara de esta presión por parte de EE UU es que ha permitido reforzar el patriotismo en el país, incluso en Alberta, donde este sentimiento posiblemente llegara anoche a las urnas. De alguna manera, las amenazas de Trump han dado a los canadienses enfrentados por el petróleo un motivo de mucho peso para permanecer unidos, defender su soberanía.
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