Las pensiones son, sin duda, uno de los asuntos más delicados del debate político en España, especialmente en pleno periodo electoral. Y no es para menos, el sistema afronta una presión financiera creciente y necesita recurrir a importantes transferencias del Estado para completar sus ingresos.Solo durante el primer semestre de 2026, la Seguridad Social recibió 35.583 millones de euros en transferencias, más de una cuarta parte de todos sus ingresos, procedentes fundamentalmente de recursos ajenos a la Seguridad Social.
En otras palabras, una de cada cuatro pensiones se paga ya a día de hoy con impuestos generales que deberían ir a otras partidas y, en última instancia, con deuda.Además, las perspectivas demográficas no invitan precisamente al optimismo. España se encuentra inmersa en pleno proceso de jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de su historia, que durante los próximos años seguirá incorporando al sistema a cientos de miles de nuevos pensionistas.
A ello se suma el denominado efecto sustitución, por el cual quienes acceden a la jubilación suelen hacerlo con prestaciones más cuantiosas que las de quienes causan baja, principalmente por fallecimiento. Con este escenario, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre han devuelto las pensiones al centro de la confrontación política, especialmente en un contexto marcado por el fallido intento de Sánchez de convertir la crisis de la vivienda en un plebiscito electoral.
Una estrategia que acabó volviéndose en su contra al descubrirse que la pareja de su entonces portavoz, Montse Mínguez, estaba al frente de un entramado de sociedades inmobiliarias con más de 30 viviendas en alquiler, una polémica que terminó provocando su dimisión.El PSOE trató de desviar el foco del debate hacia las pensiones, partida que supone nada menos que uno de cada tres euros que recauda el Estado, y que la formación socialista defiende su revalorización vinculada al coste de vida.
PP y Vox, por su parte, plantean con distintos matices la necesidad de introducir cambios para garantizar la sostenibilidad del sistema. A fecha de esta publicación, Alberto Núñez Feijóo ya ha prometido mantener las subidas conforme al IPC si llega a La Moncloa, mientras que Vox mantiene un discurso menos definido.
Su portavoz económico, José María Figaredo, ha llegado a calificar el sistema de pensiones de «zombi» y defiende una reforma profunda que combine el actual modelo de reparto con otro de capitalización individual. Santiago Abascal, por su parte, ha tratado de despejar las dudas asegurando que, con Vox en el Gobierno, las pensiones «se van a pagar como sea», sin concretar cómo se financiarían.
Pero, más allá de quién gane las elecciones, ¿qué ocurrirá con las pensiones a partir de enero de 2027 si España todavía no ha conseguido formar un nuevo Gobierno?Qué pasará con las pensiones en enero de 2027La respuesta está en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que las pensiones contributivas deben revalorizarse cada año conforme al IPC medio de los doce meses anteriores a diciembre.
Por tanto, la subida de enero de 2027 no depende del resultado electoral, sino de la evolución del coste de la vida, cuyo dato definitivo a efectos del cálculo se conocerá a finales de noviembre, cuando el INE publique el adelanto de la inflación de ese mes. Cabe destacar, además, que aunque la media resultara negativa —algo que difícilmente ocurrirá—, las pensiones tampoco podrían reducirse.La principal incógnita, por tanto, está en cómo se aprobará esa actualización si el Ejecutivo continúa en funciones.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo , ha explicado que el Gobierno contempla aprobar un real decreto-ley durante diciembre, después de las elecciones, amparándose en razones de urgencia e interés general. La medida podría tramitarse incluso antes de la constitución de las nuevas Cortes, prevista para el 23 de diciembre, y someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso, que conserva determinadas funciones parlamentarias durante el periodo de disolución.En cualquier caso, los jubilados seguirían cobrando sus prestaciones con normalidad, aunque un eventual bloqueo en la aprobación de la subida podría retrasar su aplicación.
La revalorización correspondiente a 2027 está establecida por ley y, por ahora, tanto el Gobierno actual como el líder del PP han manifestado su intención de respetarla. Otra cuestión será qué reformas acometa el Ejecutivo que salga de las urnas para afrontar el creciente coste del sistema durante los próximos años.
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