La construcción industrializada tiene unas ventajas que la convierten en una opción privilegiada: lleva a fábrica una parte muy grande del proceso y en la parcela se monta y cierra, lo que supone hasta un 60% menos de tiempo; se ahorra en costes, entre un 20 % y un 30% en proyectos repetitivos y con escala, y se gana en control en fábrica y trazabilidad.
Pero a pesar de estos beneficios, el marco legal obstaculiza el desarrollo de este modelo constructivo. «El freno no es técnico, es normativo —explica Mateu Oliver, vicepresidente segundo del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales—. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de 1999 y está escrita con la lógica de la obra tradicional y no desarrolla los papeles que exige la industrialización».«El artículo 15 reconoce al fabricante como suministrador de productos, pero no refleja lo que es hoy cuando asume diseño productivo, fabricación, trazabilidad, control de calidad y coordinación entre fábrica y obra.
Las garantías de uno, tres y diez años y el seguro nacen de la recepción de la obra, y eso no encaja cuando buena parte del edificio se ha fabricado fuera. Faltaba también una métrica común del grado de industrialización: llega ahora con la futura norma UNE 41610», añade.
El Consejo General reclama una adaptación de la LOE sin necesidad de una reforma general de los servicios profesionales: el reconocimiento a los ingenieros industriales del liderazgo de la dimensión industrial del proyecto; la financiación off-site, para que la normativa de valoración de los elementos fabricados fuera de obra puedan servir de garantía antes de incorporarse físicamente al inmueble; y que se regule el papel del fabricante cuando asume fabricación, trazabilidad, control de calidad, integración off-site y coordinación con la obra.
No se busca el enfrentamiento con los arquitectos, dice Oliver: «La salida no es quitar nada, es trabajar con equipos multidisciplinares y fórmulas de codirección». Los frenos a la construcción industrializada llaman más la atención con la crisis de vivienda en España.
El déficit acumulado está entre 600.000 y 730.000 viviendas, según la fuente y la metodología. La construcción industrializada arrastra cierta fama del 'prefabricado' de los setenta, con dudas de calidad, conservación y reventa y financiación. La trazabilidad y la normalización son la garantía equivalente a la obra tradicional.
El Clúster de la Edificación advierte de que no existe una barrera tecnológica que limite el desarrollo, más bien barreras de mercado, considera Miguel Pinto, director gerente de la organización: «Estos obstáculos son la financiación de componentes fabricados fuera de obra, falta de compatibilidad entre sistemas, incertidumbre normativa y, sobre todo, ausencia de una demanda estable que permita desarrollar una verdadera industria».Sostiene Pinto que «si las licitaciones públicas valorasen adecuadamente la industrialización, generarían una demanda previsible y recurrente, imprescindible para que las fábricas inviertan, aumenten su capacidad y sean competitivas».
Por eso el Clúster se inclina por actuar en tres frentes: administración, impulsando la contratación pública industrializada y facilitando la financiación de componentes antes de llegar a obra; industria, avanzando en la estandarización y compatibilidad de sistemas para diseñar industrializado desde el inicio; y promotores, adaptando sus procesos de decisión; y contratación mediante modelos colaborativos.
«No basta con industrializar la construcción: hay que industrializar también la forma de promover», apunta.60% es el ahorro en tiempo que trae este tipo de construcción; el ahorro en costes está entre un 20 y un 30% en proyectos repetitivos y con escalaOtro problema es la irregularidad del volumen de pedido para que una fábrica pueda ser rentable.
La demanda irregular perjudica notablemente a la industria. «Lo determinante es mantener una carga de trabajo estable —señala Pinto—. En muchas fábricas, el segundo turno representa el salto a la rentabilidad. Desde luego, la demanda irregular provoca capacidad ociosa y encarece los componentes».
Para favorecer el crecimiento del sector, defiende una política dirigida «a desarrollar una industria de componentes industrializados que todavía no tenemos suficientemente implantada, evitando subvencionar industrias maduras (puertas, ventanas ...)». «Y se debe corregir el fallo de mercado inicial, facilitando financiación hasta que la banca convencional pueda asumir estos proyectos con normalidad», destaca.EscalabilidadLa Asociación Española de Construcción Industrializada (AECI) aboga por la escalabilidad de la industrialización a nivel masivo y por la erradicación de opiniones sesgadas y prejuicios obsoletos.
Luis Fernández, su presidente, detalla que «el problema de la vivienda, de la falta de mano de obra y de la capacidad productiva de la construcción tradicional es igual en todos los países de Europa y del primer mundo». «España ha empezado más tarde que otros países en la industrialización, pero hemos puesto en marcha la primera norma europea en esta materia.
Sin embargo, tenemos menos demanda», apostilla.«Ahora tenemos compañías —expone Fernández— que levantan edificios en altura, que automatizan y robotizan, que tienen control digital; construimos ya vivienda pública. Hace cinco años ni existían esas empresas». Estima que falta seguridad jurídica: «Quien opera en una actividad empresarial lo que necesita es seguridad, normalización y entender y definir qué es lo que haces, para quién lo haces y cómo lo haces.
Nuestro primer objetivo fue la normalización. De nuestra propuesta nació la norma en España». Para que este tipo de construcción genere más oferta de producción se precisa, según Fernández, que la Ley de Contratos del Sector Público permita que los proyectos se diseñen de modo distinta a la construcción tradicional, «que se puedan implementar los pliegos de proyecto y obra, de manera normalizada, desde el principio».
Propone además actualizar la Ley de Ordenación de la Edificación, incorporar «la figura del industrializador al marco legal» y garantizar la continuidad entre diseño y ejecución, que «quien prescriba lleve la dirección». «No venimos a quitar, venimos a aportar más oferta».Garantía financieraJorge González-Iglesias Baeza, CEO de Gibobs, plataforma tecnológica de financiación inmobiliaria, reseña que «buena parte de la regulación y de los mecanismos de financiación inmobiliaria se diseñaron para un modelo de construcción tradicional, en el que la obra se ejecuta sobre el terreno».
«En la construcción industrializada, una parte importante del valor se genera previamente en fábrica, y ahí aparecen dificultades para reconocer ese avance como garantía financiera y, por tanto, financiarlo», afirma.Cree que los avances regulatorios, como la modificación de la normativa de hipoteca mobiliaria para facilitar que los componentes industrializados puedan usarse como garantía, se quedan cortos: «Aún es necesario desarrollar mecanismos de valoración, certificación y financiación que permitan trasladar esa evolución normativa a la realidad de las operaciones».
Actualmente, es habitual que los fabricantes necesiten anticipos para adquirir materiales y comenzar la producción, mientras que el promotor no siempre puede disponer de los fondos de su préstamo hasta que los componentes llegan a la obra y se certifican. «Esto genera una necesidad adicional de capital circulante que puede ser especialmente exigente para los fabricantes pequeños y medianos, indica el CEO de Gibobs.Para que este problema no frene la innovación, apuesta por «estructuras de financiación específicas, combinando financiación bancaria tradicional con soluciones de circulante, garantías sobre los componentes fabricados y, cuando sea necesario, financiadores alternativos».
«El objetivo es financiar el avance real del proyecto, independientemente de si se está produciendo en la fábrica o en el solar»,
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