«La vivienda es una política de largo plazo, y mientras la nueva oferta llega hay que proteger a los inquilinos de las fuerzas de un mercado voraz. A cierta izquierda le pasa lo contrario: se ha quedado en medidas de corto plazo, necesarias pero insuficientes, y le cuesta reconocer que la mejor política para que baje el precio de un bien es aumentar su oferta».
Son palabras de Berna León, director general de la Fundación Avanza, institución que ha publicado junto a la Fundación Friedrich Ebert, el informe «Proteger y construir. Hacia un 'New Deal' para la vivienda en España» , un documento que plantea una propuesta integral para garantizar el derecho a la vivienda y consolidar un parque público permanente en todo el territorio nacional.Así, el estudio al que ha tenido acceso ABC, advierte de la necesidad imperiosa de aplicar un cambio de escala en las políticas públicas para responder a la actual crisis habitacional, la cual condiciona de forma directa la emancipación de los jóvenes, la movilidad social y la capacidad de los hogares para desarrollar su proyecto de vida.
En palabras de Meritxell Batet, presidenta de la Fundación Avanza, «para garantizar el derecho a la vivienda debemos aprobar medidas ambiciosas en diversos ámbitos: lo que construyamos hoy será la ciudad del próximo siglo». Para revertir esta situación, el informe propone una hoja de ruta articulada en torno a varios ejes clave: la ampliación del parque de vivienda asequible, el refuerzo de la protección a las familias, el establecimiento de vías de financiación estable, una fiscalidad mejor orientada y una planificación urbana estratégica que conecte el acceso a la vivienda con el transporte, el empleo y los servicios esenciales.El informe además defiende que la respuesta no puede limitarse a medidas puntuales ni depender de programas de corta duración.
Su propuesta es construir una política de vivienda sostenida , con objetivos verificables y coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas, los municipios y los proveedores de vivienda asequible. En este sentido, Mikel Berra Sandín, 'fellow' de la Fundación Avanza, arquitecto y urbanista graduado en Planeamiento Urbano por el MIT, subraya la importancia del enfoque: «Necesitamos construir más, pero es importante decidir qué construimos: tenemos que construir para vivir».
De este modo, el propósito es que los recursos públicos generen soluciones duraderas y que las viviendas protegidas mantengan su función social a lo largo del tiempo.Una crisis que limita la emancipación y el acceso a la propiedadLos datos recogidos en el informe reflejan la dimensión del problema.
En julio de 2026, el 43% de la población señalaba la vivienda como el principal problema de España, frente al 2,4% registrado en 2019. En 2025, la tasa de emancipación de las personas de entre 18 y 34 años se situó en el 31,3%, 17 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2010.Ante esta realidad, el director general de la Fundación Avanza cuestiona los enfoques tradicionales de ambos lados del espectro político : «La derecha cree que basta con construir, y España ya hizo ese experimento.
A principios de los 2000 levantábamos más viviendas que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntas, y los precios no dejaron de subir». El caso de Polonia ofrece otro ejemplo de esta dinámica: el país terminó más de 230.000 viviendas anuales en 2021 y 2022 y, pese a ese elevado ritmo de construcción, los precios de la vivienda aumentaron un 132% entre 2015 y 2026.
Un dato que refuerza la idea de que aumentar la oferta es imprescindible, pero no basta por sí solo para garantizar que la vivienda resulte asequible.Por ello, León defiende una vía alternativa: «Proponemos un Estado que coordine ese esfuerzo con la lógica de una política industrial: que ponga el suelo público, la financiación estable y la demanda pública al servicio de un sector capaz de construir vivienda asequible a gran escala, y que garantice que esa vivienda siga siendo protegida para siempre».Protección de los hogares, reforma fiscal y planificación metropolitanaMientras se amplía la oferta, la Fundación Avanza plantea reforzar la protección de los hogares con dificultades de acceso a la vivienda y mejorar la estabilidad del mercado del alquiler.
Para ello, el informe propone avanzar hacia un modelo de contratos de duración indefinida, con causas de resolución tasadas, siguiendo fórmulas presentes en países como Alemania y Países Bajos. También defiende mejorar la transparencia de los precios, evaluar periódicamente los efectos de la regulación en las zonas tensionadas y evitar que los contratos temporales y turísticos se utilicen para eludir las obligaciones aplicables a la vivienda habitual.
Estas medidas se complementarían con ayudas al alquiler, alternativas habitacionales y mecanismos de mediación y garantía.Para mejorar el conocimiento del mercado y evaluar la eficacia de estas políticas, el estudio propone crear un registro obligatorio de todos los contratos de alquiler en el Registro de la Propiedad, cuya regulación es competencia exclusiva del Estado.
El informe advierte de que España regula el mercado del alquiler sin disponer de información completa sobre el número de contratos firmados y sus condiciones. Según el documento, los precios publicados en los portales inmobiliarios pueden sobreestimar hasta un 30% de media los alquileres reales .
A esta falta de información se suma la supresión del depósito obligatorio de fianzas en Andalucía en enero de 2026. La propuesta recupera así una medida que, según recoge el propio estudio, el Gobierno anunció, pero no llegó a poner en marcha. El objetivo es disponer de datos fiables y homogéneos que permitan conocer la evolución del mercado y medir con mayor precisión los efectos de la regulación.
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