Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.), Pepe Álvarez y Unai Sordo, no se han pronunciado sobre la responsabilidad política del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de alta velocidad que se ha llevado por delante la vida de al menos 70 personas en Urda (Toledo), ni han mencionado la posibilidad de que dimita.
En ninguna de las apariciones públicas desde que ocurrió la tragedia han puesto sobre la mesa que el ministro ponga su puesto a disposición tras la sucesión de dos accidentes en nueve meses. Más aún tras la acusación velada del Gobierno contra un empleado del centro de control de Atocha y la plantilla de trabajadores de ese puesto de Adif como principal hipótesis del origen de la catástrofe.
Tampoco han exigido la necesidad de ejecutar mayores inversiones en mantenimiento de la infraestructura ferroviaria ni han apuntado cómo los retrasos en las ejecuciones de los proyectos han ido ralentizando el sistema y degradándolo, tal y como insisten todos los expertos en ingeniería, obra civil y sistemas de seguridad que durante estos días han señalado a Transportes.Tanto Álvarez como Sordo han delegado las críticas más duras contra el Gobierno en sus respectivas federaciones sectoriales, unos órganos de segundo nivel en los sindicatos, frente al protagonismo que ambos líderes han tomado en otras muchas crisis recientes, como la de la vivienda o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que prepara Trabajo.
En el caso de CC.OO., la del Sector Ferroviario FSC del sindicato ha sido la federación encargada de exigir el «inmediato cese» de Óscar Puente ante lo que considera que ha sido un «señalamiento público» hacia la plantilla que trabaja en el centro de control de Atocha.
Lo ha hecho, a su parecer, «culpabilizando a las personas trabajadoras y poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena», cuando la investigación se encuentra en un momento preliminar. Desde la FeSCM Ferroviario de UGT han pedido al ministro que «deje de mirar hacia abajo» para buscar responsables, en referencia a los trabajadores de Adif, «y empiece a mirar hacia arriba», porque la responsabilidad política consiste en «garantizar la seguridad, dotar los servicios y rendir cuentas», y no señalar a la plantilla.
A pesar de estas exigencias, no ha habido un pronunciamiento explícito de los líderes de ambas organizaciones con respecto a la posición en la que queda ahora Óscar Puente. Incluso aunque buena parte de los partidos de izquierda, y algunas voces internas del PSOE, han reclamado la necesidad de este cese.
Fuentes sindicales aclaran a ABC que la mera sustitución del ministro por otro titular de Transportes no va a resolver el problema en sí mismo. E insisten en que es necesario un trabajo pormenorizado de análisis de las causas del siniestro y un plan de actuaciones que debe tomar el departamento, independientemente de que esté Puente al frente.
Las peticiones de cese del ministro Puente han llegado desde los socios de la izquierda del PSOE, incluido el Frente Amplio, con quienes comparten mesa en el Consejo de MinistrosMucho más duro ha sido CSIF , el sindicato de mayor representación en la administración pública, al exigir directamente la dimisión de Puente.
Consideran que el ministro ha actuado de una manera inapropiada utilizando a esta persona trabajadora como «chivo expiatorio» en esta terrible desgracia, en el transcurso de una rueda de prensa, en vez de asumir sus responsabilidades, máxime cuando acaba de iniciarse una investigación.
Además, han apuntado que Puente ha eludido toda responsabilidad pese al fallo inicial en el sistema informático que desencadenó los acontecimientos.El sindicato mayoritario entre los funcionarios ya advirtió en septiembre del exceso en las jornadas de trabajo en Adif (hasta 12 horas diarias y cinco noches seguidas, indicaban), lo que supone un desgaste extremo en empleados que llevan a cabo tareas de alta responsabilidad, como ordenar el tráfico ferroviario.
Por ello, además de los accidentes del último año, el ministro «debe asumir también su responsabilidad» por las continuas incidencias en la circulación ferroviaria que se vienen produciendo: parones en los trayectos, retrasos en los tiempos de llegada, entre otros.
«La única medida de seguridad que se ha implementado es la disminución de la velocidad en los trayectos», indica CSIF.Han sido las federaciones ferroviarias de las dos grandes centrales sindicales, más allá de sus líderes, las que han tomado el protagonismo en las críticas hacia el estado de la infraestructura desde hace meses, y ahora con más ahínco tras esta segunda tragedia mortal.
Estas organizaciones señalan que la gravedad de lo ocurrido «exige analizar las condiciones en las que se presta el servicio, las inversiones realizadas, el mantenimiento de la infraestructura y los recursos humanos disponibles». Se trata de exigencias que Puente conoce bien por parte de estas federaciones desde mucho antes del accidente de principios de año en Adamuz (Córdoba).
De ahí que se hayan convocado huelgas de maquinistas a lo largo de todo el año. E incluso que se llegase a un acuerdo para reforzar las inversiones y limitar la velocidad en nuevos tramos. Pero en la foto no han llegado a aparecer ni Álvarez ni Sordo , con un perfil mucho más plano en estos días del que han tenido sus propias filiales sindicales u otros líderes políticos de la izquierda parlamentaria.Pendientes de la huelgaEl contexto de la tragedia ferroviaria en la provincia de Toledo ha llegado apenas unos días después de la convocatoria de la huelga general que los sindicatos mayoritarios han apoyado de la mano del Sindicato de Inquilinas, la organización que inició el movimiento para realizar un paro total en el país el próximo 11 de noviembre.
Tanto Sordo como Álvarez han insistido en que esa huelga formaba parte de sus previsiones durante los últimos meses, pero que ha sido a raíz del 'caso Maricarmen' cuando han decidido ponerla en marcha desvinculándose del movimiento de los inquilinos acampados en la Puerta del Sol.
Lo que era un paro general convocado por el problema de la vivienda fue aderezado más tarde con el apellido de la insuficiencia salarial , para evitar un reproche jurídico que la CEOE ya ha denunciado por falta de consistencia, según dicta el Estatuto de los Trabajadores.
Para el PSOE, ésta será una «huelga contra la oposición», tal y como la concibe la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero. Ahora, el paro se ve condicionado por los acontecimientos de la alta velocidad, aunque no hay visos de que los sindicatos, ni la organización de inquilinas, vayan a aprovechar la convocatoria para incluir reclamaciones socialmente extendidas al Ejecutivo en materia de seguridad e inversiones en el transporte ferroviario público, así como la defensa de los trabajadores de Adif, cuestionados desde el propio Gobierno.
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