Si la primera propuesta de real decreto del Gobierno sobre centros de datos puso en pie de guerra al sector por las exigencias desmedidas que se contemplaban, la nueva versión remitida al Consejo de Estado y que se hizo pública este lunes no ha calmado los ánimos pese a ser más flexible.
De acabar aprobándose el texto, denuncian los 'data centers', «sería muy nocivo no solo para el sector sino para el país». «España será el peor país de Europa para invertir», afirman.Ahora mismo todo el sector de los centros de datos está con los pantalones del revés, y no saben muy bien cómo quedará la nueva norma, si albergará cambios y, en definitiva, no se sabe el marco regulatorio que afrontan para 2027.Después de conocer la última versión del RD, a través de los medios de comunicación, puesto que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con el sector, las empresas de centros de datos consideran que la nueva norma tendrá consecuencias nefastas en materia de inversión e incluso ponen en duda su legalidad y no descartan llevarla a los tribunales.Sin embargo, es pronto para hablar de ese escenario mientras no haya un texto concreto que van a estudiar con detalle.
La primera vía será el Consejo de Estado, donde acudirán para presentar los argumentos sobre las reservas legales.Y aquí entra otra variable: los tiempos que se manejan son muy confusos. Fuentes empresariales explican a este periódico que, al tratarse de un procedimiento de urgencia, el Consejo de Estado tiene una semana para publicar su posicionamiento.
Pero como esta situación no ha quedado clara, podría llegar a tardar dos o tres semanas. Esta situación, de nuevo, genera mucha incertidumbre en un sector que lleva un año de vaivenes regulatorios.Lío políticoEn cuanto a la parte pragmática, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás a su propuesta de real decreto tras recibir más de 600 alegaciones tanto del sector de los 'data centers' como del energético.
También la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abogó por flexibilizar las obligaciones de que los centros de datos consuman un 80% de renovables todas y cada una de las horas del día y que la electricidad proceda solo de plantas verdes de nueva construcción.Ante el riesgo de sufrir una paralización de las inversiones, algo que desde el sector avanzan que ya estaría produciéndose, el Ejecutivo ha optado por darle una vuelta a su propuesta, que pretende aprobar antes de las elecciones generales, pero sigue contando con una difícil aplicación.Pese a la apuesta por el consumo de energía limpia, los centros de datos denuncian que están conectados a una red que en cualquier momento puede ser desconectada y con el cambio normativo, cada desconexión «obliga a quemar diésel como si no hubiera un mañana».
De hecho esta es una de las novedades: para rebajar los compromisos renovables, los centros de datos están los primeros en la lista para reducir su potencia en caso de que el sistema lo necesite. Según el Ejecutivo, otros países ya están preparando la normativa para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible de los centros de datos y presumían de que la propuesta española «es la más ambiciosa y garantista hasta la fecha».
Sin embargo, desde el sector la lectura es otra: «Europa dice que hay que triplicar los centros de datos y España no puede decir que aquí se prohíben, que es lo que trasladan».Las empresas de centros de datos ya están deslizando la idea de que todo acabará en los tribunales si finalmente no hay cambios.
Estiman que tienen una base suficiente para argumentar que el texto no cumple con la legalidad.
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