La promesa oscurecida de las comunidades energéticas

Las comunidades energéticas nacieron con la ambición de democratizar la energía y acelerar la transición renovable, pero entre las expectativas y la realidad sigue habiendo una brecha: solo el 27% de las iniciativas constituidas en España están en funcionamiento.

La falta de un marco jurídico completo, las barreras administrativas o la dependencia del voluntariado son algunos de los factores que limitan el despegue de este modelo que convierte a los ciudadanos en actores activos del sistema eléctrico, a través de la producción, consumo, almacenamiento, compartición y venta de energía renovable colectivamente.

Más allá del ahorro económico, su valor es que generan participación, control local y redistribución de beneficios en el territorio. Aunque están directamente ligadas al autoconsumo fotovoltaico, también pueden desarrollar proyectos de almacenamiento, movilidad eléctrica compartida, rehabilitación de viviendas…Uno de cada diez municipios españoles contaba en 2025 con alguna comunidad energética.

Nuestro país totalizaba 837 iniciativas, 182 más que el año anterior, pero apenas una cuarta parte se encontraban operativas. El resto estaban en fase de desarrollo, tramitación o despliegue, según se desprende del III Informe de Indicadores de Comunidades Energéticas, impulsado por Ecodes, Redeia y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).Con la vista puesta en destrabar este escenario antes de las elecciones del 29N, el Gobierno busca dar un empujón regulatorio a estas entidades.

El pasado 13 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las dos figuras jurídicas comprendidas dentro del ámbito de las comunidades energéticas –las Comunidades de Energías Renovables y las Comunidades Ciudadanas de Energía–, un documento que el Miteco presentó en 2023 y que fue sometido a audiencia pública en la primavera de aquel año, pero que desde entonces, ha estado guardado en el cajón.

La intención del departamento que dirige Sara Aagesen, tal y como ha podido confirmar este periódico, es sacarlo adelante antes de los comicios (no necesita pasar por el Parlamento). Explican que se trata de una norma «muy trabajada» que se quiere aprobar antes de la cita electoral, motivo por el cual se tramita por la vía de urgencia, para así reducir los plazos habituales.A pesar de que el Real Decreto-ley 5/2023 y el Real Decreto-ley 23/2020 incluyeron en la Ley del Sector Eléctrico definiciones sobre las Comunidades de Energía Renovable (CER) y las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE), figuras previstas en las directivas europeas, nuestro país sigue sin haber hecho el desarrollo reglamentario completo.En relación al autoconsumo compartido (dentro de una comunidad energética pueden existir uno, dos o más), el Consejo de Ministros también ha acordado la tramitación urgente de un Real Decreto que revisa la normativa vigente para aprobarlo antes de las elecciones.

Algunas de las medidas que contempla, eso sí, ya están en vigor, incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026.El objetivo último es propiciar que estas herramientas ganen tracción, debido a su elevado potencial transformador y su capacidad para avanzar hacia un modelo energético más descentralizado, renovable y democrático.

José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), subraya la importancia de que las comunidades energéticas se definan adecuadamente desde un punto de vista regulatorio, con un marco normativo completo y detallado , así como que se cree un registro nacional oficial.

Desde la patronal piensan que el real decreto de comunidades energéticas a nivel estatal dará seguridad jurídica, y posibilitará que participen en todos los mecanismos de mercado, tales como subastas para comunidades energéticas, o certificados de ahorro energético.Para Donoso, existe también una barrera cultural que se debe romper.

En la actualidad, indica, es en aquellas comunidades autónomas con una mayor tradición cooperativista y de asociacionismo donde más se están desarrollando, pero también detecta contradicciones. «Con esa filosofía, pensábamos que sería fácil que las cooperativas agrarias se convirtieran en comunidades energéticas, pero está costando», lamenta.Un indicador que refleja que aún no han alcanzado la madurez es el número de socios: en la mayoría de los casos (39,1%) cuentan con menos de una veintena y solo el 2,2% tienen más de 500.

«Estamos en una fase incipiente, con el riesgo de que se queden en iniciativas testimoniales», valora Carlos Pesqué, director del Área de Energía y Personas de Ecodes, para quien un desafío es lograr que las comunidades pequeñas que dependen en buena parte del voluntariado escalen y se profesionalicen.LentitudAgilizar ciertos procesos es otra de las asignaturas pendientes: «Desde la instalación de la fotovoltaica hasta que los participantes pueden autoconsumir se observan demoras de hasta dos años , un tiempo en el que ya han hecho la inversión pero todavía no se benefician del ahorro.

El problema es que la ciudadanía perciba que el autoconsumo y las comunidades energéticas son algo complejo, que se alarga y requiere muchos trámites y desistan de la idea». En este sentido, Pesqué destaca el papel del programa de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), que asesoran y acompañan la constitución de nuevas comunidades energéticas.

Tras una primera convocatoria que propició la creación de 74 de estas entidades orientadoras, con una inyección de 18,4 millones, en mayo se lanzó la consulta pública previa para la segunda convocatoria, que contará con una dotación de 10 millones de euros.Esta iniciativa del Miteco, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se suma al programa CE Implementa , que, tras seis ediciones, ha culminado este año con un balance de 262 comunidades energéticas subvencionadas y 108,4 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación asignados a la promoción de esta fórmula.Ante la ausencia de un régimen reglamentario definido, las órdenes reguladoras de las ayudas CE Implementa, que fijaban criterios relacionados con las estructuras organizativas de las comunidades energéticas, el control efectivo o la autonomía, han acabado convirtiéndose en el 'reglamento' fáctico que rige su funcionamiento en España, según explica Joan Herrera, socio fundador de la consultora Samsø y vocal de la sección de Comunidades Energéticas de UNEF, que recuerda que, ante la parálisis de más de tres años del Real Decreto específico de comunidades energéticas, diversas comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña, Navarra o Andalucía, han desarrollado sus propias normas y estrategias para fomentar estas figuras en sus territorios.

En Cataluña, por ejemplo, el Decreto-ley 22/2025, de 28 de octubre, regula expresamente las comunidades energéticas, declarándolas de utilidad pública y creando un registro al cual permite su inscripción mediante declaración responsable. Además, habilita a las administraciones públicas a constituir derechos de superficie, concesiones o autorizaciones demaniales a favor de estas entidades.Comunidad energética de El Prat, nacida de la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido social y económico localSi el Real Decreto finalmente se aprueba antes de las elecciones, el experto considera que servirá para «dar certidumbre y ordenar todo lo que se ha ido aprobando».

Respecto al autoconsumo colectivo, elemento central de las comunidades energéticas, lamenta que, pese a estar regulado desde 2019, ha sufrido cuellos de botella vinculados a procesos de legalización muy dilatados. A la espera de que se apruebe el Real Decreto de autoconsumo, que el Gobierno también prevé que sea antes del 29N, Herrera celebra algunas medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026.

En concreto, la disposición final segunda supuso un cambio histórico al incorporar, entre las competencias de los municipios, un nuevo epígrafe relativo a las Comunidades de Energías Renovables y las Comunidades Ciudadanas de Energía. «Es algo que se venía reclamando hace tiempo porque el ente local debe tener un rol muy importante en este tipo de proyectos, como ocurre en los modelos más exitosos a nivel europeo», subraya.Medidas de impulsoLa norma también contempla la ampliación de la distancia máxima permitida entre generación y consumo para el autoconsumo colectivo hasta 5 kilómetros , lo que facilitará que bloques de viviendas cercanos a polígonos industriales puedan asociar sus consumos a las instalaciones fotovoltaicas colocadas en las cubiertas de esas naves.

En la actualidad, el 65,5% de los proyectos están ubicados en municipios de carácter rural, mientras que solo el 22,5% se sitúa en municipios de mayor tamaño.Asimismo, incorpora la figura del gestor de autoconsumo, que permite que una sola persona (física o jurídica) pueda representar al resto de usuarios de una instalación colectiva.

Joan Herrera comenta que esta figura fue implementada años antes en el marco regulatorio portugués con un impacto positivo. José Donoso, de UNEF, asegura que todo lo que sea simplificar tramitaciones administrativas sin afectar los derechos de terceros es importante: «Estamos ante el mayor reto de industrialización de la historia de España y tenemos que hacer las cosas muy bien para no perder la oportunidad que se nos presenta».Desde el ámbito empresarial, han surgido distintas soluciones para apoyar el crecimiento del autoconsumo colectivo y de las comunidades energéticas.

Un ejemplo es Ampere Communities, plataforma desarrollada por Ampere Energy, que gracias a su tecnología basada en inteligencia artificial ayuda a ayuntamientos, comunidades de vecinos, industrias y gestores energéticos a optimizar el uso de energía solar fotovoltaica y reducir la dependencia de la red eléctrica.

«Nuestra propuesta combina el hardware de almacenamiento energético (la batería) y el software de gestión energética. Se puede incorporar al final del desarrollo de un proyecto o utilizarse para hibridar una comunidad solar que ya esté operativa», detalla Gonzalo Ubieto, director comercial y de marketing de esta compañía española.El uso de la IA implica pasar de una gestión de la energía reactiva a otra predictiva y, por ende, optimizada.

«Un sistema convencional aplica reglas predefinidas para cargar o descargar la batería, mientras que nuestros algoritmos tienen en cuenta las previsiones de generación fotovoltaica en base a la meteorología, la anticipación de consumo y la estimación de los precios de electricidad para decidir cuándo conviene almacenar el excedente solar y cuándo le da más beneficio a los usuarios», explica.

Frente a comunidades sin almacenamiento, la implantación de Ampere Communities permite hasta un 40% más de ahorro y mejora la autonomía energética hasta en un 35%.Pero la tecnología no resuelve por sí sola los problemas que lastran al sector. «Desde nuestra perspectiva, hay que evolucionar de un modelo centrado en poner en marcha iniciativas a través de subvenciones hacia uno enfocado en proyectos que generen valor de forma sostenida en el tiempo para los participantes», señala.

Y profundiza en la idea: «Se ha primado la subvención a la inversión inicial, pero no hay mecanismos que incentiven a los participantes a mantenerse vinculados al proyecto durante los 15 o 20 años de vida útil de la tecnología». Esta situación se traduce en un goteo constante de altas y bajas que disuade la financiación privada, pues la rentabilidad a largo plazo del proyecto depende de si logra llegar a un número determinado de participantes.

«Deberían existir beneficios para las pymes, ya que tienen un patrón de consumo más exigente, de modo que con menos empresas se llena el cupo de la comunidad, que se complementa con usuarios residenciales», desliza como una actuación necesaria.La startup Zenit se define como el Airbnb de la energía.

Su plataforma digital facilita la conexión entre productores y consumidores con el objetivo de impulsar la adopción del autoconsumo compartido y la generación de comunidades energéticas. En su web disponen de un mapa de proyectos distribuidos por toda España en el que cualquiera puede introducir su dirección para localizar una comunidad en su zona.

Los tres socios de Zenit, que ha creado una plataforma digital que facilita la conexión entre productores y consumidoresGracias a una inteligencia artificial propia, desarrollada junto al centro tecnológico Eurecat, realizan un análisis personalizado del consumo eléctrico histórico del usuario para entender su patrón de consumo y la compatibilidad con el resto de los participantes.

«Una vez nos autorizan a consultar la curva de consumo, esa información no se comparte con nadie, es totalmente privada», precisa Oihan Goenaga, CEO y fundador de la empresa, impulsada por Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig. El objetivo es conseguir el 'match' que garantice un aprovechamiento de la energía al 100%, reduciendo excedentes y maximizando el beneficio de los participantes.

La propuesta también se dirige a gestores que tienen una cartera propia y hacen uso de su marketplace digital para visibilizar los proyectos.La empresa, que recibió en 2025 el reconocimiento a 'Mejor modelo de negocio' en los premios StartUP Solar (convocados por UNEF y Fotoplat) acaba de entrar en el mercado portugués y se encuentra inmersa en una ronda de inversión para captar un millón de euros con el objetivo de reforzar su posición en nuestro país, con el viento de cola de la tan ansiada regulación sobre comunidades energéticas.