Los funcionarios más veteranos en el área de Presupuestos del Ministerio de Hacienda acostumbran a decir que el margen de maniobra de los gobiernos para financiar sus políticas a través de los Presupuestos Generales del Estado es más bien limitada y que cuando se detraen los gastos de atención obligatoria por pensiones, nóminas, suministros o servicios de la deuda lo que te queda para financiar prioridades políticas es poco menos del 10% del total.Ese límite no escrito habría sido suficiente para paralizar la operativa del Gobierno desde 2023 hasta hoy, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reescrito, por no decir directamente que ha suspendido, los manuales presupuestarios tradicionales y ha retocado las normas a su antojo para poder gestionar sin cortapisas.
¿Hasta qué punto? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha analizado hasta donde le ha sido posible -el Gobierno ha decidido no proporcionar a la institución independiente encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas el detalle de los cambios en la configuración de los Presupuestos acometidas en los últimos años- las modificaciones presupuestarias ejecutadas por el Gobierno durante las prórrogas presupuestarias.Desde que entraran en vigor los Presupuestos de 2023 hasta el pasado mes de agosto, el periodo que alcanza el análisis de la Airef, el Gobierno de Sánchez ha añadido o cambiado de sitio partidas presupuestarias por una cuantía total de más de 104.000 millones de euros.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto de gasto no financiero de 2023 ascendió a 222.448 millones de euros, eso implica que en este periodo se han cambiado partidas equivalentes a cerca de la mitad de las previstas en el proyecto que ha servido de base para la gestión gubernamental de los últimos años.La Airef constata que esta recomposición presupuestaria por la puerta de atrás ha ido a más según se han encadenado prórrogas hasta el punto de que entre enero y agosto de este año uno de cada cinco euros gastados por el Estado solo puede explicarse por los atajos a la legislación presupuestaria ordinaria que el Gobierno ha ido disponiendo a lo largo de los últimos años para poder seguir hacia adelante.
En los ocho primeros meses del año el Estado ha acometido modificaciones en el presupuesto de gastos por una cuantía de 38.240 millones de euros, un movimiento de partidas que solo se vio en el primer año de la pandemia, en 2020. En aquel año el Gobierno tuvo que hacer frente al pago de las vacunas, de las mascarillas y de todos los elementos sanitarios de emergencia necesarios para combatir el Covid-19 con los Presupuestos de 2018 y suspendió de emergencia las normas presupuestarias para poder mover partidas hacia allí donde eran necesarias.Tras tres prórrogas de los PGE los retoques introducidos en las cuentas por el Gobierno alcanzarán este año niveles similares a los de la pandemiaEl precedente abrió la caja de pandora.
Según refiere la Autoridad Fiscal en su informe, la ley que aprobó los Presupuestos de 2023 ya flexibilizó el marco regulador para hacer modificaciones presupuestarias al permitir transferencias entre diferentes secciones para atender necesidades ineludibles. «Esta habilitación permitió, por ejemplo, trasladar recursos desde un ministerio a otro», precisa Airef, algo imposible hasta entonces.Régimen excepcional a espaldas del CongresoEn los años siguientes el Gobierno fue aprovechando los reales decretos ley que ha ido aprobando para introducir nuevos márgenes de flexibilidad, para declarar ampliables determinados créditos de gasto de la Seguridad Social que antes no lo eran, para distribuir hacia otros fines créditos extraordinarios destinados a un programa concreto o, en última instancia, para aprovechar los créditos ya gastados en proyectos asociados al Plan de Recuperación en ejercicios anteriores para ensanchar las disponibilidades presupuestarias de los años siguientes.La minuciosa construcción de este régimen de excepción, que en la práctica ha permitido mover con casi total libertad los recursos de los Presupuestos de un lugar a otro, ha logrado adaptar, como reconoce la Autoridad Fiscal, «unos créditos aprobados en 2023 a las necesidades de los ejercicios posteriores y mantener la capacidad de gestión del Gobierno», pero lo ha hecho a un precio elevado.La institución critica que esa forma de proceder ha reducido la trazabilidad del gasto , ha limitado la transparencia presupuestaria y ha afectado a la rendición de cuentas, además de erosionar la legitimidad de las decisiones adoptadas al reducir «la correspondencia entre el gasto ejecutado y las partidas previamente autorizadas por las Cortes Generales» y hurtar al control parlamentario previo las modificaciones del Presupuesto.
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