Normas, trámites, plazos, esperas ... La maraña burocrática es mastodóntica y sigue instalada en España y disparada. Más de dos siglos desde que Mariano José de Larra escribiera su mordaz crítica «Vuelva usted mañana» sobre la losa de la burocracia española y la costumbre arraigada de alargar los plazos de forma innecesaria, todo sigue igual.
Desde 1979 se han aprobado más de 411.000 normas . Solo en 2024, los boletines oficiales publicaron 3.557 páginas al día y somos el segundo país con mayor carga normativa sobre el sector privado. El Índice de Calidad Regulatoria que elabora el Foro Regulación Inteligente toma en cuenta los 27 países de la UE y analiza varias variables, como la carga que la regulación impone a empresas y trabajadores, la calidad con la que se diseñan las normas y la seguridad jurídica con la que se aplican.
Y concluye que España está entre los cinco países con peor regulación; obtiene 32 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 23 de 27, solo por delante de Rumanía, Chipre, Croacia y Grecia. Queda por detrás de Bulgaria (34,8), Polonia (35,3), Portugal (36,9), Malta (37,5) e Italia (39).
La distancia con el líder, Dinamarca (92,9), supera los 60 puntos, y la brecha con Francia (55,2) y Alemania (54,4) ronda los 23 puntos. El diagnóstico del Foro es claro: «Un país que aprueba más de dos normas al día y, sin embargo, figura entre los peores de Europa cuando se mide cómo regula».
«España regula mucho y regula mal» , denuncia.El Banco de España en una de sus investigaciones estimó que un aumento del 10% en el volumen regulatorio reduce un 0,5% el empleo en las empresas de menos de diez trabajadores, las que menos capacidad tienen para absorber los costes de cumplimiento.
Aseguró que la complejidad normativa también frena la entrada de nuevas empresas y el dinamismo de sectores como la industria. Las empresas españolas lo ven claro: el 81% de ellas ve la regulación empresarial como un obstáculo para invertir y el 79% señala la norma laboral , frente al 69% y el 65% de la UE.
El informe anual de la CEOE va en la misma dirección que el Foro: en 2024 se aprobaron 719 normas estatales y 175 autonómicas, y los boletines oficiales publicaron 3.557 páginas al día, el equivalente a leer El Quijote completo tres veces cada jornada . Casi la mitad de las normas con rango de ley (46%) fueron decretos-ley, un instrumento pensado para la urgencia que se ha convertido, según la patronal, en la vía ordinaria de legislar y que elude la deliberación y la evaluación previa.
«Para el tejido empresarial, adaptarse y mantenerse al día con la legislación supone una dedicación considerable de recursos y esfuerzos, lo que impacta negativamente en su competitividad», dice la organización que dirige Antonio Garamendi.La mala calidad también distingue a nuestro país, según el «think tank» que dirige Diego Sánchez de la Cruz.
Recuerda que entre 2021 y 2024 España cayó del puesto 15 al 20 de la UE en el indicador de calidad regulatoria que elabora el Banco Mundial. En la OCDE la imagen es todavía peor: España ocupa el puesto 31 de 38. Solo Costa Rica, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Colombia, México y Turquía puntúan por debajo.
La eficacia del Gobierno, que mide sobre todo la calidad de los servicios públicos y de la función pública, es el único indicador en el que España se sitúa en la mitad alta de la tabla (puesto 12).Lentitud judicial y seguridad jurídicaOtra de las variables analizadas es la Justicia.
«La lentitud judicial penaliza la seguridad jurídica», resalta el Foro Inteligente. Explican los autores del trabajo que resolver un pleito civil o mercantil en primera instancia requiere 444 días, frente a los 120 de Lituania. Solo cuatro países europeos tienen plazos más largos.
Recuerdan que para una empresa, un año y tres meses de espera significa capital inmovilizado, contratos en el aire y un incentivo permanente para que la parte incumplidora retrase el pago. »La lentitud judicial es, en la práctica, un impuesto sobre el cumplimiento de los contratos«, dicen.Los expertos del servicio de estudios proponen cinco reformas: «poda» de obligaciones innecesarias; plazos que se cumplan, con menos requisitos y silencio positivo efectivo; compensación de nuevas cargas; normas con evaluación y fecha de caducidad y leyes autonómicas de mercado abierto que reconozcan automáticamente a las empresas establecidas en otra región el derecho a operar sin nuevas licencias.
La Comunidad de Madrid ha sido una de las que ha dado pasos en firme para deshacer la montaña de trámites a la que debe enfrentarse un inversor que llegue a Madrid. En 2022 aprobó la Ley de Mercado Abierto, que permite que empresas y autónomos de cualquier punto de España operen en la región sin tener que sacar nueva licencia de actividad o permiso.
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