El Ministerio de Trabajo tiene ya la subida definitiva que aplicará al salario mínimo en 2027. Ese suelo salarial subirá un 5,3%, según el texto que publicó el miércoles a última hora Trabajo en la plataforma de audiencia e información pública. La cifra supone situar ese suelo salarial en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas y 18.004 euros anuales. Es un aumento mensual de 65 euros respecto a la cifra que rige actualmente, de 1.221 euros, y que también supera a la propuesta que había hecho la comisión de expertos cuyo informe trascendió este miércoles: planteaban como escenario central un alza del 4,9% y 60 euros, en línea con la inflación interanual de octubre.
El Gobierno da este paso tras consultar a los agentes sociales este miércoles, pero sin acordar la cifra con ellos, lo que conduce a una subida que, en principio, no tendrá el respaldo formal ni de las organizaciones patronales (lo más habitual desde que Yolanda Díaz es ministra) ni de las sindicales (será la primera vez en que se dé ese escenario).
El periodo para presentación de alegaciones al proyecto termina el 16 de noviembre, de manera que, en principio, el Gobierno podría aprobar el SMI en el Consejo de Ministros del 17 de noviembre (el más probable) o del 24, los dos de carácter ordinario que quedan antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Trabajo está acelerando los plazos porque quiere que el aumento del SMI quede cerrado antes de ir a las urnas, que no quede al albur de un gobierno en funciones o del próximo que tome las riendas del país.
Aunque el acuerdo con los sindicatos ha sido la norma en los últimos años, la ley no obliga al Gobierno a consensuar el SMI ni con ellos ni con las patronales. El Estatuto de los Trabajadores establece que “el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional”. Así, el Ejecutivo debe consultar, pero no se le exige acordar. Además, el SMI se regula por decreto, así que no es necesario el visto bueno del Legislativo.
Trabajo ha cerrado la negociación con los agentes sociales al fijar una cifra en el decreto que pretende llevar al Consejo de Ministros. El 5,3% queda bastante por debajo de lo que han pedido los sindicatos, un incremento del 7%, posición de la que UGT y CC OO no tienen intención de moverse. “Nos vamos a mantener firmes en la reivindicación del 7%. El Gobierno tiene su informe y el Gobierno tendrá que decidir si finalmente hay una subida antes de las elecciones del SMI, si se acoge a ese informe o si se aviene a las posiciones de los sindicatos”, dijo el miércoles el secretario general de CC OO, Unai Sordo.
Desde UGT transmiten la misma idea, pétreos en el 7%, y recuerdan que el Gobierno no ha cumplido compromisos anteriores que eran condición para que las centrales apoyasen esta subida: reformar las reglas de compensación y absorción de pluses para que las empresas no puedan eliminarlos al subir el SMI; y reforzar el registro horario. Fuentes al tanto de los planes de Trabajo confirman que el primer proyecto no se hará, que el Gobierno no cumplirá esta promesa sellada en varios acuerdos oficiales, pero sí hay posibilidades de que el nuevo control horario llegue al Consejo de Ministros antes de las elecciones.
Economía y Trabajo prometieron que aprobarían el refuerzo del registro horario en septiembre, pero de momento no han cumplido. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, dijo la vicepresidenta segunda en marzo, cuando trascendió el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, cuyo origen fue imputado desde Trabajo a las consideraciones críticas del departamento de Carlos Cuerpo.
Este escenario de conjunto hace que los sindicatos no vayan a dar un apoyo formal a la propuesta del ministerio, por primera vez en los casi siete años que Díaz lleva siendo la responsable de Trabajo. Más allá del desacuerdo en la cifra y en los compromisos incumplidos, también opera la cercanía de la huelga general del 11 de noviembre.
Por su parte, la patronal dijo este miércoles en la reunión con el ministerio que la subida se debería discutir después de las elecciones, no antes. CEOE y Cepyme no concretaron una cifra, que en su opinión debería fijar el próximo Ejecutivo. Las subidas de los últimos años se vienen aprobando en torno a febrero y con efectos retroactivos, pero Trabajo alega, según fuentes de la negociación, que no quiere dejar la subida del suelo retributivo pendiente de un gabinete en funciones.
Subidón desde 2018
La subida planteada por Díaz es superior a la que propone el informe de la comisión de expertos, un grupo de académicos, sindicalistas y miembros del Gobierno reunidos por Trabajo que plantean cuánto debería aumentar el SMI para emparejarse con el 60% del salario medio neto y no perder poder adquisitivo. Este año ha primado el segundo elemento por el subidón de los precios, y de ahí que hayan propuesto un incremento del 4,9%, en línea con la inflación interanual de octubre. Ese planteamiento está ligado a que el SMI siga sin aportar al IRPF, escenario que el Gobierno ya ha anticipado que se repetirá el próximo curso.
En años anteriores, la propuesta de Trabajo se ha acompasado hasta la última décima con la de estos expertos, y ha sido la cifra finalmente aprobada en el Boletín Oficial del Estado. Ese no será el caso esta vez, con un desfase de cuatro décimas que el departamento de Díaz explica en la memoria de impacto normativo que acompaña al decreto: “La cuantía parte de la propuesta de la CAASMI (comisión de expertos) de actualizar el SMI conforme al indicador adelantado del IPC de octubre de 2026 (4,9%) y añade la pérdida de poder adquisitivo soportada por sus perceptores en 2026 (0,4 puntos), dado que la inflación media entre enero y octubre (3,5%) ha sido superior a la subida aplicada en enero de 2026 (3,1%)”.
En ese documento, el Gobierno sostiene que “la coyuntura económica general permite absorber el incremento” porque la economía española “mantiene un crecimiento sólido, apoyado en el dinamismo del empleo, que sostiene a su vez la demanda interna”. El Ejecutivo agrega que “la evolución de los márgenes empresariales y el comportamiento del mercado laboral permiten afrontar una subida que garantice el poder adquisitivo de los perceptores del SMI”.
En la memoria de impacto normativo, el Ejecutivo agrega que la subida del SMI “tiene un importante impacto indirecto desde la perspectiva de género, toda vez que estadísticamente los salarios más bajos corresponden a las mujeres trabajadoras”. El Gobierno también subraya que el incremento implica una subida de ingresos que contribuye a “una reducción de la pobreza y la desigualdad” y que “puede suponer un incentivo para la búsqueda de empleo entre los desempleados o los inactivos”. Los sectores con mayor prevalencia del SMI son el empleo doméstico, el campo y la hostelería.
Esta subida del SMI implicará una ganancia de poder de compra, siempre y cuando la inflación no se descontrole en los últimos meses del año. Con este aumento, a la espera de quedar sellado en el Consejo de Ministros, el Gobierno habrá subido el SMI desde 2018 (cuando Pedro Sánchez inició su presidencia) un 74%, de 736 euros a 1.281. En ese periodo los precios han aumentado en torno a un 28%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial superior a los 40 puntos.
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