La Oficina Europea de Patentes (OEP) ha difundido los resultados de un estudio, elaborado con ASTP y Fraunhofer ISI, sobre una muestra de más de 800 oficinas de transferencia de tecnología europeas, señalando los principales retos para llevar la investigación del laboratorio al mercado.
Destaca cómo España se encuentra entre los países europeos de mayor crecimiento en patentes vinculadas a la investigación pública durante las últimas dos décadas (octavo puesto europeo por número de spinoffs de investigación que han solicitado patentes ante la OEP).La OEP se fundó para reforzar la cooperación en patentes en Europa (gracias a su procedimiento centralizado de concesión, se puede obtener una protección mediante patente de alta calidad en hasta 46 países –un mercado de más de 715 millones de personas–).
Es, además, la principal autoridad mundial en materia de información y búsqueda de patentes.Entre sus datos, se indica cómo el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) lidera la nómina española por solicitudes de patente europea en 2025 (92), seguido de Icrea-Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (51), la Universidad del País Vasco (43) y la Universidad de Barcelona, con 31 (34% de solicitudes de biotecnología, 29% de tecnologías cuánticas y 26% del sector farmacéutico).
Las principales instituciones públicas de investigación europeas son el CNRS (Francia), la Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania) y el CEA (Francia).Impacto socialLas patentes son la expresión de la trasferencia de conocimiento a la sociedad, una forma de incentivar a la investigación para que trascienda del laboratorio.
Con antecedentes históricos como, ambas en el siglo XV, la concesión otorgada a John de Utyman por su actividad industrial (fabricar vidrio para las ventanas de Eton College durante 20 años) o la firma en Venecia del primer estatuto sobre patentes; o, más adelante, los litigios Edison-Westinghouse, hermanos Wright vs.
Glenn Curtiss, Apple contra Samsung, etc... La razón era (y es) evidente: ¿para qué innovar, con todo el coste personal-profesional que ello supone, para que venga alguien y lo copie?Víctor Arribas, responsable de Diversity & Transformation y portavoz de la OEP, destaca el papel de las Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC): «Ayudan a tender puentes entre laboratorio y empresa.
Estamos viendo nuevas iniciativas para reforzar su papel, ya que muchas necesitan más recursos y personal especializado para acompañar las tecnologías hasta su llegada al mercado, más aún cuando universidades y centros públicos de investigación tienen cada vez más protagonismo en la innovación europea».«Lo que sí ha cambiado (comenta) es el peso de España en Europa.
Hace 20 años, Alemania, Francia o Reino Unido concentraban buena parte de las patentes procedentes de la investigación pública. No han perdido fuerza, pero países como España han ido adquiriendo un papel más importante (tras un cambio en la forma de entender la investigación pública como puente hacia las aplicaciones comerciales, proteger las invenciones, buscar socios industriales y llevar las tecnologías al mercado)».
Y añade cómo «España ocupa el noveno puesto de la UE en este aspecto, el quinto en las procedentes de universidades y centros públicos de investigación».Como destaca Arribas: «Una tecnología puede necesitar años de pruebas, inversiones y mejoras antes de llegar al mercado.
Y hay que encontrar quién dé el siguiente paso: una empresa interesada en desarrollarla o un equipo de investigadores dispuesto a crear su propia compañía». El estudio resalta dificultades en este sentido como la falta de financiación para seguir desarrollando una tecnología, la dificultad de encontrar el socio industrial adecuado, la falta de incentivos para los investigadores o de experiencia comercial, etc.Nuevos tiemposSoluciones: el estudio sugiere que las OTC «pueden reforzar su capacidad accediendo a conocimientos especializados, financiación y redes de mercado más amplias.
Los datos respaldan un modelo en el que el contacto cercano con los investigadores se mantiene a nivel local, mientras que los conocimientos especializados (mercado, inteligencia tecnológica, formación, acceso a los inversores…) se comparten en estructuras de apoyo regionales y europeas».Eric Maciá, director de consultoría legal I+D de PONS IP, apunta a dos retos esenciales: «La insuficiente identificación de resultados de investigación con potencial de protección (una parte se publica antes de valorar adecuadamente su patentabilidad, lo que puede impedir obtener una patente) y que, especialmente en algunas universidades, aún falta una gobernanza más coordinada de la propiedad intelectual, aunque estamos viendo avances importantes en los últimos años».
Y añade: «El reto no termina con la obtención de una patente que, por sí sola, no es necesariamente un producto, un servicio o un caso de uso, especialmente cuando nos referimos a tecnologías en fases tempranas de desarrollo y TRL (Technology Readiness Level-Nivel de Madurez Tecnológica) bajos».El especialista recomienda, para superar barreras, «combinar conocimiento científico, conocimiento sectorial y visión de mercado.
Y ahí existe una dificultad adicional para las universidades, que trabajan en ámbitos científicos muy diversos y no siempre pueden disponer internamente de especialistas con experiencia técnica y de mercado en todas las disciplinas».Un escenario en el que Maciá destaca los avances «en demanda de formación especializada en negociación de acuerdos, regulación y modelos de explotación, pero también en el creciente interés por la valoración económica de tecnologías e intangibles, imprescindible para establecer precios, 'royalties' y condiciones de licencia».
Capacidad que será cada vez más relevante «a medida que avance en Europa el concepto de 'IP-backed finance', que reconoce la propiedad intelectual como un activo con potencial para facilitar financiación».Otra conexión con la actualidad ha sido la celebración (28 y 29 de octubre) de Madrid Connect 2026, organizado por el Parque Científico de Madrid para impulsar la conexión entre ciencia, talento, capital e industria, con representantes nacionales e internacionales de primer nivel.
En el caso de Dina Chaves, directora de consultoría del Grupo ClarkeModet, comienza enfatizando la necesidad de crecer en este aspecto: «Seguimos registrando una intensidad patentadora muy inferior a la media de los países miembros de la OEP, con 45,9 solicitudes de patente europea por millón de habitantes en 2025 en España (una media de 137 en los países de la OEP)».
Y subraya cómo «hay que afrontar el reto de lograr que las invenciones protegidas lleguen efectivamente al mercado: menos de un tercio de las patentes en España se explotan con éxito».Enorme potencialMarta del Castillo, directora general del Parque Científico de Madrid, subraya, por su parte: «El liderazgo de uno de nuestros patronos (el CSIC) refleja el enorme potencial científico de España.
Pero el verdadero salto competitivo se produce cuando ese conocimiento consigue salir del laboratorio y transformarse en nuevas empresas, tecnologías aplicadas y actividad industrial. No se trata sólo de transferir tecnología, sino de crear las condiciones para que pueda convertirse en negocio y generar impacto real en la economía y la sociedad».
Un impulso para conectar capacidades «apoyándonos en un ecosistema científico y empresarial vinculado a instituciones como el CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, así como al patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid».Como apuesta de futuro, Arribas destaca la importancia estratégica, crítica de atinar en esta conexión investigación-empresa: «En España, por ejemplo, según el 'Deep Tech Finder' de la OEP, hemos identificado 204 empresas surgidas tanto de universidades como de centros de investigación que han solicitado patentes europeas, 154 en fase de crecimiento».
Queda trabajo por hacer… como avisa el estudio de OEP: «Las patentes con participación universitaria representan ya alrededor del 9% de las patentes europeas, proporción cercana a la de EE.UU. Pero el 40,7% de que son propiedad directa de universidades europeas pierde su vigencia en diez años, frente al 26,3% de estadounidenses, lo que evidencia las dificultades para mantener y comercializar tecnologías prometedoras».
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