La firma canadiense Brookfield, uno de los grandes fondos de inversión mundiales, está en pleno proceso para desprenderse de dos carteras que suman alrededor de 1.550 viviendas en alquiler en Madrid, confirman varias fuentes del mercado inmobiliario. La operación levanta dudas entre los expertos respecto al cierre de la transacción, debido a la incertidumbre que ha despertado en el sector el llamado decreto Maricarmen que el Gobierno llevará a la Diputación Permanente del Congreso y, además, por cómo permanecerá la regulación después de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Brookfield adquirió en abril esas viviendas dentro de un paquete de 5.000 casas de alquiler, que hasta entonces pertenecían a la inmobiliaria Fidere, del fondo estadounidense Blackstone, por las que pagó 1.050 millones de euros. De esta forma, se convirtió en una de las transacciones más relevantes dentro del sector del residencial y también como una de las grandes operaciones de 2026.
A diferencia de Blackstone, Brookfield compró esas viviendas no para mantenerlas dentro del negocio del alquiler, sino para venderlas, en una estrategia en la que busca una plusvalía con mayor rapidez. La intención conocida por el mercado para el fondo canadiense era la llamada privatización (en la jerga del sector), consistente en la venta minorista, una a una, de las casas, como una forma de maximizar beneficios. De esta forma, se sale de la actividad del arrendamiento, que ha despertado dudas entre los inversores internacionales por la regulación del Ejecutivo.
Para agilizar esa desinversión, Brookfield ha puesto en el mercado esas dos carteras: una de cinco edificios con 850 viviendas y otra de siete bloques con 700 unidades. Las fuentes consultadas indican que la firma norteamericana ya negocia con un fondo asiático y un family office español para sendas carteras. Desde Brookfield se ha declinado ofrecer comentarios sobre la operación.
Brookfield cuenta con Alberto Nin como responsable inmobiliario y ha fichado para esta operación como senior advisor a Gonzalo Gallego, quien fuera hasta finales del pasado año máximo directivo del fondo estadounidense Cerberus en España.
Las fuentes consultadas indican que la gestora canadiense continúa las conversaciones para traspasar esas dos carteras, independientemente del ruido político. De momento, se desconoce el importe de la negociación, pero en cualquier caso sería superior a los 350 millones de euros.
El mediático desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida este mes sin que pudiese regresar a su domicilio, causó un enorme revuelo social y político sobre un caldo de cultivo que venía ya fraguándose desde hace años por los problemas de acceso a la vivienda. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió con dos decretos, tumbados por el Congreso de los Diputados, y que causó el adelanto electoral para el 29-N. Días después de la convocatoria, el Gobierno decidió enviar a la Diputación Permanente ambas normas, de la que se espera que se apruebe una de ellas con distintas medidas apoyadas por los partidos progresistas que sustentan al Gobierno y por el PNV.
Los nubarrones creados por la regulación y por saber si después del 29-N continuará un Gobierno progresista o, como las encuestas predicen, la bola caerá del lado de PP y Vox —contrarios a esta normativa—, hacen que desde el sector se apueste por el wait and see en las transacciones, fundamentalmente en el sector residencial. También por la subida de tipos de interés por parte del BCE, que probablemente vuelva a revisarlos en diciembre, y que conlleva una desgana en el apetito de los inversores por el inmobiliario y en los precios de los activos.
El sector residencial ha sido el más activo en compras en grandes inversores en los tres primeros trimestres del año, pero existen dudas sobre cómo afectarán a las operaciones en marcha todas estas incertidumbres. Es el caso, por ejemplo, de Norges Bank, asociado con Azora, que en principio tiene previsto comprar una cartera de casas de Greystar y Vía Célere por unos 550 millones.
La cartera
Brookfield es uno de las mayores gestoras de fondos del mundo, con 860.000 millones de euros en activos bajo gestión, de los que 240.000 millones corresponden a su cartera inmobiliaria. Esta firma adquirió a Blackstone los 5.000 pisos de Fidere, una socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) que tiene como germen las 1.860 viviendas protegidas que Blackstone compró a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por alrededor de 128,5 millones en la época en que era alcaldesa Ana Botella (PP), en una transacción polémica políticamente pero avalada por la justicia.
Después de esa adquisición, Brookfield se alió con la plataforma Clikalia, que gracias a su plataforma tecnológica se encarga de la gestión de los alquileres y de la comercialización de los pisos uno a uno cuando se encuentran vacíos, tal como se publicó a posteriori. La empresa de Nin llevó todos esos activos desde Fidere a una nueva sociedad llamada Samarium, un vehículo que cotizará probablemente en el mercado bursátil Portfolio Stock Exchange.
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