La reciente decisión de Indecopi de aplicar derechos antidumping a los inodoros de una pieza (one piece) importados de China no les cierra la puerta. Seguirán llegando al Perú; lo que cambia es que ya no podrán venderse por debajo de su costo real. Así lo explicó Grupo Vainsa, uno de los dos fabricantes nacionales de este producto.
Los derechos, vigentes por cinco años, son de US$5,7, US$14,3 y US$12,7 por unidad para las tres empresas chinas investigadas, con un derecho residual para las demás. No es una prohibición ni un arancel general: es un cobro adicional que solo alcanza a productos con dumping comprobado, según las reglas de la OMC. Los inodoros de otros orígenes siguen ingresando en sus condiciones habituales. Para el comprador, esto significa las mismas opciones, pero con precios que reflejan costos reales.
La investigación mostró la magnitud del problema. Entre 2021 y 2024, las importaciones de inodoros chinos crecieron 56,9%, y solo en 2024 subieron 75,9%, con precios cerca de 40% menores que los nacionales e incluso por debajo de su costo de fabricación. En ese periodo, la producción local cayó 11,7%, las ventas internas 17,6% y la industria perdió 12,6 puntos de participación de mercado.
“El antidumping no le cierra la puerta a nadie, solo pide que todos compitamos con las mismas reglas. El consumidor pagará precios reales y sin distorsión. El dumping es un beneficio temporal que dura hasta que cierra la industria nacional; después los precios suben y el cliente queda a merced de los proveedores extranjeros”, señaló Leandro Mariátegui, gerente general del Grupo Vainsa.
De acuerdo con la empresa, dicha medida es un respiro más no una solución definitiva. Para sostener sus plantas y su personal, Vainsa y Corporación Cerámica operaron con márgenes mínimos o negativos, compensados con otras líneas de negocio, y el sector perdió unos 200 empleos.
Con los derechos vigentes, el escenario más probable es una recuperación gradual de ventas y márgenes que permita retomar inversiones en tecnología y capacitación. Aun así, los derechos no corrigen todas las distorsiones: la industria local asume costos laborales, de seguridad, ambientales y regulatorios que sus competidores no enfrentan en igual medida.
Asimismo, Vainsa advirtió que el riesgo no se limita a un país: productos de otros mercados pueden llegar en condiciones similares y repetir el daño. Por eso pide al Gobierno una política industrial de largo plazo, hoy inexistente, que vigile las importaciones de cualquier origen, actúe a tiempo ante nuevas prácticas desleales y reduzca los sobrecostos regulatorios. Corea del Sur, Tailandia, Brasil y Colombia muestran que una industria fuerte se construye con reglas claras.
“La cadena sanitaria empieza en las canteras de la sierra norte y central y termina en obras de todo el país. En vista de ello, es oportuno que las autoridades del Ministerio de la Producción, el Indecopi y el Congreso evalúen instalar una mesa de trabajo con la industria nacional para definir esa agenda antes de que el daño se extienda a otros sectores. Desde la industria de cerámicos no nos cerramos a que ingresen nuevos competidores, la competencia siempre es bienvenida, resulta siendo un beneficio para el consumidor, solo se pide igualdad de condiciones, nada de competencia desleal”, concluyó el ejecutivo.
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