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Esta red de matrimonios fraudulentos habría permitido a indocumentados solicitar beneficios migratorios a cambio de pagos de hasta US$40 mil (Q305 mil).
22 de octubre de 2026
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11:52h
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La red de matrimonios falsos que operó durante una década en EE. UU. y cobraba hasta US$40 mil por enlace. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
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Según documentos judiciales de la fiscalía, la operación habría funcionado durante más de una década y su presunta cabecilla, Jennifer González, de 43 años, habría obtenido millones de dólares mediante un esquema en el que los inmigrantes pagaban para que se organizaran matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses.
De conformidad con la cadena de televisión Univisión, el objetivo era presentar documentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para obtener un estatus migratorio legal, ya que el fraude matrimonial ocurre cuando dos personas contraen matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración y obtener los beneficios.
Frente a este escenario, el comunicado de la Fiscalía de Fall River, Massachusetts, indica que las personas acusadas son Jennifer González; Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26 años, por lo que todas las acusadas son originarias de Attleboro, en el condado de Bristol.
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Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, Jennifer González, Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh y Jessica Tavares fueron arrestadas el 21 de octubre, mientras que Jaylin Hill ya cumple una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego en Bristol, Massachusetts.
Por lo tanto, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Massachusetts, González habría pagado a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, quienes son ciudadanas estadounidenses, para que contrajeran varios matrimonios con inmigrantes indocumentados, mientras que Pugh habría trabajado como secretaria del negocio en Attleboro.
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Ante esta situación, la organización habría facilitado entre 19 y 20 matrimonios fraudulentos al año, con cobros que oscilaban entre US$39 mil y US$40 mil por cada enlace, de manera que las autoridades locales sostienen que Jennifer González habría obtenido millones de dólares mediante este esquema, que duró al menos una década.
Esto se debe a que Jennifer González instruía a sus clientes sobre cómo aparentar que mantenían una relación matrimonial legítima, de modo que entre las prácticas utilizadas estaban contratar seguros de vida, abrir cuentas bancarias conjuntas y tomarse numerosas fotografías como si fueran una pareja casada y muy enamorada.
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La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts indicó que la acusada Jennifer González supuestamente prometía preparar la documentación necesaria en un plazo de tres a cuatro meses para que los clientes, inmigrantes indocumentados, solicitaran beneficios migratorios. Por ello, les exigía firmar contratos para pagar por sus servicios.
Dadas las circunstancias, González fue grabada en video y audio mientras presuntamente dirigía la impresión y firma de un contrato de préstamo simulado y aceptaba un anticipo de US$3 mil (Q22 mil) en efectivo para organizar uno de los matrimonios ficticios, por los que se exigían pagos mensuales de US$500 (Q4 mil) durante 36 meses.
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