La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno bank, aunque el proceso aún debe recibir el aval del Senado, que actúa como juez.
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Los 78 diputados presentes en la sesión aprobaron la acusación contra Peña, a quien responsabilizan de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”, y remitieron el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró Peña en un video difundido en la red social X, mientras se realizaba la sesión en la Cámara.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
La sesión, de casi dos horas, estuvo marcada por llamados a que Peña sea enviado a prisión por el “escándalo internacional” que, aseguran, desató la intervención del privado Ueno bank, que ha sido vinculada al ahora exgobernante y cuyo cierre congeló los fondos de miles de clientes en el país.
El legislador Carlos Pereira llamó a los ciudadanos, durante su encendida intervención, a continuar presionando para que “los culpables” de la caída del banco, en alusión a Peña, “paguen” con cárcel.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo, de la formación Patria Querida, acusó a Peña de haber creado “un esquema” para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno.
Intervención
El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.
La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.
La decisión ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa entidad, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
A raíz de la crisis, Peña debió suspender su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid.
Riesgo para las pensiones
La acusación advierte de un supuesto conflicto de intereses, una presunta cooptación del Estado y el desmantelamiento del marco legal sobre puertas giratorias. Entre los argumentos menciona los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.
Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor “83 días después de ese nombramiento”.
Igualmente, se denuncia una “injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de Ueno”.
El IPS, que maneja el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores en el país, posees unos 355 millones de dólares en la entidad hoy cerrada, según reconoció la gerente financiera de esa instirución, Gladys Vera, y aseguró que eso representa el 9 % de las inversiones de la estatal.
También se acusa al jefe de Estado de “beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito”, al relacionar, entre otros hechos, dos préstamos simultáneos que recibió de Ueno, y de “afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico”.
La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase luego al Senado, que actúa como juez.
En esa Cámara se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.
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