Varsovia ha vuelto a convertirse en el escenario de una batalla política que amenaza con desbordar las instituciones polacas. El enfrentamiento por el control del Tribunal Constitucional ha elevado la tensión entre el Gobierno europeísta de Donald Tusk y el presidente de la República, Karol Nawrocki, aliado de la derecha nacionalconservadora. Lo que durante años ha sido una disputa sobre la independencia judicial ha desembocado en una confrontación abierta, con policías antidisturbios desplegados en las inmediaciones del tribunal, manifestaciones en las calles y una oposición que pretende aprovechar la crisis para forzar la salida del Ejecutivo.
El detonante llegó el viernes 30 de octubre, cuando la magistrada Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y asumió la dirección de la institución. La decisión se justificó por los supuestos obstáculos que la dirección del organismo había puesto a la celebración de reuniones de los jueces y a la incorporación de nuevos magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria. Święczkowski, antiguo responsable del Ministerio de Justicia durante los gobiernos del partido Ley y Justicia (PiS), rechazó la medida, que la oposición considera ilegal.
La reacción presidencial fue inmediata. Nawrocki interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a Varsovia para acudir a la sede del tribunal. Allí denunció lo que calificó como una «toma por la fuerza de un órgano constitucional» y una vulneración del ordenamiento jurídico polaco. El presidente, que convocó consultas urgentes con representantes de las distintas fuerzas parlamentarias, acusó al Gobierno de cruzar una línea institucional y advirtió de las consecuencias para la seguridad interna del país.
Al otro lado del enfrentamiento, Donald Tusk ha defendido la actuación de los magistrados y ha prometido que el tribunal podrá desarrollar sus funciones con independencia y conforme a la Constitución. En un discurso televisado, el primer ministro aseguró que la responsabilidad del Ejecutivo es garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo de la institución. «La restauración del Estado de derecho es nuestra obligación», había escrito en sus redes sociales, antes de advertir de que se trata de un proceso difícil, a veces doloroso, que exige decisiones firmes.
En su intervención del sábado, Tusk fue todavía más contundente. Acusó a los dirigentes conservadores de contribuir a la destrucción de la democracia y del Estado de derecho y rechazó que los intereses partidistas puedan determinar el funcionamiento de los tribunales. También cuestionó la intervención del presidente en la sede judicial y sostuvo que ningún político, incluido el jefe del Estado, tiene derecho a dar instrucciones a los magistrados o intimidarlos.
La crisis tiene raíces mucho más profundas que el episodio de esta semana. El conflicto por la composición y la independencia del Tribunal Constitucional se remonta a 2015, cuando el PiS llegó al poder y promovió una serie de nombramientos judiciales que fueron cuestionados dentro y fuera de Polonia. La Unión Europea y distintos organismos judiciales denunciaron entonces el deterioro de la independencia de los tribunales. Durante sus ocho años de Gobierno, el PiS consolidó su influencia sobre el órgano constitucional, cuya imparcialidad quedó seriamente cuestionada.
Cuando Tusk regresó al poder en diciembre de 2023, tras derrotar electoralmente a los conservadores, prometió revertir esas reformas y recuperar la independencia judicial. Sin embargo, la tarea ha chocado con la resistencia de la oposición y con los sucesivos presidentes de la República. Nawrocki, elegido en 2025 y próximo al PiS, ha bloqueado la incorporación de varios magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria, mientras Święczkowski se ha negado a reconocer a algunos de los nuevos jueces. El resultado ha sido un tribunal prácticamente paralizado y dos legitimidades enfrentadas.
La disputa ha adquirido ahora una dimensión directamente parlamentaria. El antiguo primer ministro Mateusz Morawiecki anunció el sábado que la oposición promoverá una moción de censura contra el Gobierno de Tusk. Su propuesta va más allá de la destitución del actual Ejecutivo: plantea sustituirlo por un Gobierno técnico encabezado por Marek Jurek, antiguo presidente del Parlamento, que permanecería en el poder hasta las elecciones legislativas previstas para 2027.
La iniciativa pretende convertir el conflicto judicial en una prueba de fuerza política. Para prosperar, una moción de censura constructiva necesita reunir al menos 231 votos en el Sejm, la Cámara baja polaca, de 460 escaños, y presentar un candidato alternativo a primer ministro. La oposición tendrá que demostrar, por tanto, que puede articular una mayoría parlamentaria suficiente, algo que no está garantizado. El anuncio de Morawiecki supone, en cualquier caso, una nueva escalada en el enfrentamiento.
Mientras tanto, las manifestaciones frente al Tribunal Constitucional han evidenciado hasta qué punto la crisis ha calado en la sociedad polaca. Cientos de personas se concentraron durante dos noches consecutivas para exigir la restitución de Święczkowski. La policía detuvo a varios manifestantes después de que algunos intentaran superar el perímetro de seguridad.
Con las elecciones legislativas de 2027 en el horizonte, el pulso entre Tusk y Nawrocki amenaza con condicionar el resto de la legislatura. La cuestión ya no es únicamente quién controla el Tribunal Constitucional, sino qué autoridad puede garantizar su legitimidad y cómo reconstruir un sistema judicial cuya independencia lleva años sometida a disputas partidistas. Por ahora, ninguna de las dos partes parece dispuesta a ceder
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