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La mujer señalada en EE. UU. por presuntos vínculos con el espionaje chino fue investigada por posibles irregularidades en el comercio de servidores.
La historia de Alice Huang, la mujer que quedó en el centro de un escándalo que salpica a Nvidia y a su director ejecutivo, Jensen Huang, tiene un capítulo que transcurrió lejos de Estados Unidos y que ahora sale a la luz.
Se trata de una investigación en Singapur por posibles irregularidades en el comercio de servidores -equipos utilizados para procesar y almacenar grandes cantidades de información-, la confiscación de su pasaporte y la prohibición de regresar al país.
El Ministerio del Interior de Singapur confirmó este jueves, entre otros detalles, que Huang abandonó el país el 26 de febrero de 2026, pero que, antes de salir, recibió una dura advertencia por haber proporcionado información que sabía que era inexacta durante las pesquisas.
Dicha investigación, sin embargo, no se originó en las sospechas de espionaje que rodean su nombre. De hecho, Singapur fue enfático al aclarar que sus pesquisas fueron independientes, no estaban relacionadas con actividades de inteligencia ni respondían a solicitudes de otros gobiernos.
Los servidores que despertaron las sospechas
Según un comunicado del Ministerio del Interior de Singapur, la investigación comenzó en febrero de 2025, cuando la Policía y la Aduana de ese país pusieron bajo la lupa a varias empresas, entre ellas Megaspeed International, compañía en la que Huang -también conocida como Huang Le- era una de las principales directivas.
El asunto giraba en torno a la compra de servidores informáticos que fueron enviados a Malasia a través de Singapur, sin que los equipos ingresaran al mercado de ese país. Las autoridades querían determinar si, después de llegar a territorio malasio, los dispositivos habían sido enviados a otro destino, en contra de lo declarado en los documentos de aduana.
¿Por qué era importante establecerlo? Según el comunicado, porque el destino final de estos equipos podía determinar si se habían incumplido los controles de exportación. Para reconstruir su recorrido, los investigadores necesitaban contrastar los documentos de las empresas involucradas con información de otros países.
En esa búsqueda apareció Supermicro, un proveedor de servidores con sede en Estados Unidos. Singapur aseguró que la compañía ofreció una cooperación limitada, por lo que sus autoridades solicitaron ayuda al Gobierno estadounidense para obtener información sobre las operaciones. Las peticiones se dirigieron al Departamento de Justicia y al FBI, pero, según el Ministerio del Interior, la asistencia recibida fue escasa.
El pasaporte retenido y la decisión de expulsarla
El 24 de junio de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos realizó una inspección voluntaria en Megaspeed, en presencia de Alice Huang. Ese mismo día, la Policía de Singapur la entrevistó y confiscó su pasaporte como parte de las diligencias.
La investigación avanzó hasta febrero de 2026. Entonces, las autoridades concluyeron que no tenían pruebas suficientes para establecer que Huang hubiera cometido delitos relacionados con posibles declaraciones falsas en las operaciones comerciales.
Sin embargo, determinaron que había entregado información que sabía que era inexacta durante los interrogatorios, con el propósito de restar importancia a su participación en la empresa. Por esa conducta recibió una severa advertencia y se le prohibió volver a entrar a Singapur. El 26 de febrero, la Policía le devolvió el pasaporte y ella abandonó el país.
Una investigación distinta a las sospechas de espionaje
El Ministerio del Interior aseguró que la investigación contra Huang no estuvo relacionada con el espionaje ni se inició por petición de Estados Unidos o de otro Gobierno.
La aclaración es relevante porque el nombre de Huang está hoy asociado a las sospechas estadounidenses sobre posibles actividades de inteligencia en favor de Pekín. Sin embargo, las autoridades singapurenses no presentaron esas acusaciones como parte de sus hallazgos.
El caso tampoco está cerrado, pues la Policía mantiene las investigaciones sobre Megaspeed y otras seis personas, que no han regresado a Singapur desde el inicio de las pesquisas, en febrero de 2025.
El Gobierno defendió su actuación al señalar que no permitirá que las empresas utilicen Singapur como vía para evadir controles de exportación o cometer fraudes.
De acuerdo con el comunicado, entre febrero de 2025 y julio de 2026, el país presentó cargos contra cuatro personas y cuatro compañías por delitos relacionados con la compra de servidores y declaraciones falsas. Algunos de esos delitos contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
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