El Ejército de Sudán, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, afronta una creciente presión internacional por las acusaciones de haber utilizado armas químicas durante la guerra civil que enfrenta al país desde abril de 2023. Las denuncias han llegado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que mantiene abierto el expediente y reclama colaboración para esclarecer unos hechos de especial gravedad.
Las acusaciones apuntan al empleo de cloro como agente tóxico en operaciones militares desarrolladas durante 2024. Según especialistas internacionales en armamento químico, existiría documentación que respaldaría las denuncias, entre ella fotografías, grabaciones, vídeos y documentos relacionados con un supuesto programa de fabricación de municiones químicas.
En concreto, las informaciones difundidas por expertos en no proliferación señalan que las Fuerzas Armadas sudanesas habrían utilizado cilindros cargados con cloro en al menos dos ataques registrados en septiembre de 2024.
El uso deliberado de sustancias químicas tóxicas como arma está prohibido por la Convención sobre las Armas Químicas, un tratado internacional que establece obligaciones de prevención, declaración y verificación para los Estados firmantes.
La UE exige explicaciones a Al Burhan por las acusaciones de ataques químicos
La Unión Europea ha reclamado a las autoridades sudanesas que respondan a las denuncias de forma urgente, objetiva y transparente. La cuestión ha vuelto a ganar protagonismo en el debate internacional sobre el conflicto, que enfrenta al Ejército regular con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
La presión se centra ahora en determinar si las acusaciones pueden corroborarse mediante mecanismos internacionales independientes y, en caso de confirmarse, establecer quién ordenó o ejecutó los ataques.
El expediente supone un nuevo frente de presión para Al Burhan, cuyo Ejército continúa implicado en una guerra que ha provocado una crisis humanitaria de enormes dimensiones. Las autoridades sudanesas han rechazado las acusaciones, aunque sus negativas no han frenado las peticiones internacionales de esclarecimiento.
La continuidad del caso en el ámbito de la OPAQ refleja la preocupación de los Estados participantes en los mecanismos internacionales de control de armas químicas. No obstante, que el expediente siga abierto no constituye por sí mismo una declaración de culpabilidad.
Unos 150 documentos y grabaciones respaldarían las denuncias
Uno de los elementos más relevantes de las acusaciones es la existencia de un conjunto de aproximadamente 150 documentos, fotografías, vídeos y grabaciones de audio que, según las informaciones publicadas, estarían relacionados con el desarrollo y la utilización de armamento químico.
El material describiría un supuesto programa desarrollado durante seis meses de 2024 para fabricar municiones basadas en cloro, así como preparativos para su posible utilización mediante bombas aéreas.
Entre los expertos que han reclamado una investigación figura Gregory Koblentz, especialista en biodefensa de la Universidad George Mason, que ha participado en iniciativas destinadas a reforzar la respuesta internacional ante estas denuncias.
Los especialistas consideran imprescindible que los organismos internacionales dispongan de recursos suficientes para verificar las acusaciones y, cuando proceda, acceder a las instalaciones sospechosas.
La guerra de Sudán ha provocado desplazamientos masivos de población, destrucción de infraestructuras y una grave crisis alimentaria. La posibilidad de que se hayan utilizado armas químicas añade una nueva dimensión a un conflicto marcado por numerosas denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.
La cuestión central es ahora si las autoridades militares permitirán una investigación independiente que permita aclarar el origen de los materiales denunciados, verificar los supuestos ataques y establecer posibles responsabilidades. Mientras tanto, Al Burhan afronta una presión internacional creciente para ofrecer explicaciones sobre unas acusaciones que, de confirmarse, constituirían una grave vulneración del derecho internacional.
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