El 28 de septiembre, un grupo de estudiantes bloqueaba las puertas del liceo Paul Eluard de Saint Denis, en el departamento más pobre de Francia, al norte de París. Cuando la tensión comenzó a arreciar frente a policías y gendarmes, un hombre se interpuso entre los agentes y los jóvenes, en un gesto de protección. Era Bally Bagayoko, el alcalde de la ciudad, que a partir de ese momento se convirtió en una figura insólita en las protestas: la de una autoridad que, en lugar de contener la movilización, se paraba en primera fila, codo a codo con los estudiantes.
El alcalde de Saint-Denis ha acompañado los bloqueos de los institutos, denunciando la represión policial y reclamando más recursos para la educación. Incluso ha desafiado al primer ministro, Sebastien Lecornu, exigiendo que escuche a los alumnos. "Sus reivindicaciones son legítimas", dijo Bagayoko sin titubear, en plena calle.
Por supuesto, su presencia en las movilizaciones lo ha situado en el centro de una controversia política sobre el papel de los cargos públicos en las protestas juveniles. Algunos lo ven como un héroe que defiende a la juventud y otros lo acusan de proteger a un montón de vagos que sólo quieren romper la ciudad. De hecho, la factura de los destrozos del liceo Paul Eluard -un portal roto, infraestructura dañada y basura quemada por todos lados- fue enviada directamente al despacho del alcalde. Ser héroe también tiene un precio.
Apoyo o manipulación política
Aunque Bally Bagayoko pueda actuar de buena fe, interponiéndose entre policías y manifestantes cuando la refriega se pone violenta, no escapa a una etiqueta que le suma críticas: pertenecer al partido La Francia Insumisa (LFI), dirigido por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
En Francia, diferentes sectores -principalmente de la derecha y centroderecha- acusan a LFI de coordinar y animar las protestas estudiantiles para generar caos. El presidente, Emmanuel Macron, acusó a responsables políticos de acudir a los institutos para "aupar" a los estudiantes y advirtió de que su papel no debía ser "agitar los miedos y hacer que se cometa lo peor".
El primer ministro, Sébastien Lecornu, fue más explícito al afirmar que "instrumentalizar la cólera de los jóvenes con fines partidistas es una falta". En la misma línea, el ex primer ministro Gabriel Attal pidió que se dejara de utilizar a los jóvenes como "carne de cañón política", mientras que la presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, denunció que se les convirtiera en "carne de cañón electoral" a solo seis meses de los comicios presidenciales.
Jean-Luc Mélenchon, por su parte, ha hecho acto de presencia en las marchas estudiantiles de las últimas semanas, siempre negando cualquier influencia sobre ellas. Pero, sin duda, el rostro más visible de su partido ha sido el alcalde Bagayoko. Y el apoyo no es solamente simbólico.
En Saint-Denis, durante una asamblea celebrada el 4 de octubre ante el Ayuntamiento, cientos de estudiantes reclamaron mejores condiciones de enseñanza. La municipalidad facilitó material y espacio para organizar el encuentro.
Bagayoko ha defendido que la presencia de un alcalde en estas movilizaciones forma parte de sus responsabilidades para evitar que las tensiones desemboquen en situaciones más graves.
Sin embargo, algunas de sus declaraciones han alimentado la controversia. El 29 de septiembre, al referirse a los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, afirmó que "la violencia podía ser legítima en determinadas circunstancias". La frase provocó críticas y llevó al prefecto de policía de París, Patrice Faure, a remitir un informe a la fiscalía local por posible incitación a cometer un delito. Bagayoko matizó posteriormente su posición y aseguró que desaprueba totalmente la violencia.
"Bally" -como le dicen ahora sus fans- ha ganado visibilidad política, pero también afronta una prueba institucional: demostrar hasta dónde puede una autoridad respaldar la protesta sin renunciar a su responsabilidad de preservar el orden público.
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