Análisis
Delitos como la extorsión, la desaparición forzada y la trata de personas siguen aumentando, sin que el Gobierno brinde estrategias para enfrentarlos.
02.11.2026 22:01 Actualizado: 02.11.2026 22:01
Tras casi dos años en el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mejorado considerablemente la capacidad del Estado mexicano para combatir el crimen organizado. Este es, posiblemente, su mayor logro, y la captura o dada de baja de líderes criminales constituyen éxitos innegables. En su segundo informe anual a la nación, presentado a principios de septiembre, Sheinbaum destacó que, desde que asumió el cargo, el promedio de homicidios dolosos al día ha disminuido un 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del gobierno.
Aunque dicho organismo y el INEGI -el instituto de estadística independiente de México- presentan diferencias metodológicas y reportan cifras distintas, ambas fuentes coinciden en una disminución de los homicidios a nivel nacional.
A pesar de estos avances, México sigue enfrentando desafíos importantes para abordar la crisis de violencia generalizada. La extorsión, las desapariciones y la trata de personas -especialmente el reclutamiento forzoso de mujeres, niños y jóvenes para actividades criminales- siguen proliferando. Para que cualquier solución sea duradera, debe afrontar estos problemas de manera directa.
Un nuevo enfoque
Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han redefinido las prioridades del gobierno en la lucha contra el crimen. Sin hacer mucho ruido, transformaron la política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador en una estrategia de confrontación directa con el crimen organizado. El gobierno ha fortalecido el aparato de inteligencia del Estado, ha mejorado la coordinación entre las agencias de seguridad militares, civiles, locales y federales, y ha puesto en la mira a los ‘generadores de violencia’ y a los ‘operadores financieros y logísticos’ de los grupos criminales.
Al mismo tiempo, la administración optó por intensificar la colaboración y la alineación con Estados Unidos, así como por aumentar las detenciones y las incautaciones de armas, drogas y dinero vinculados a actividades delictivas. En su discurso de septiembre, Sheinbaum también señaló que, este año, el promedio diario de delitos de alto impacto ha disminuido un 54 % en comparación con 2018. Cabe reconocer que los académicos independientes y los centros de estudios coinciden, por lo general, en la significativa reducción de los delitos violentos, aunque también señalan posibles errores estadísticos, una gestión deficiente e incluso manipulación.
La reducción de los homicidios y otros delitos violentos es una buena noticia para México. El fortalecimiento gradual de las capacidades del Estado para recuperar terreno perdido frente a los grupos criminales -tanto en sentido literal (territorio) como figurado (dinero y poder político)- constituye también un avance positivo. Además, el éxito relativo de la estrategia de combate a la delincuencia ha sido clave para la política exterior y la seguridad nacional: ha ayudado a contener la presión del presidente Donald Trump y a frenar a los miembros más radicales de la coalición MAGA, quienes han abogado por una acción militar unilateral en México.
Puntos débiles
Sin embargo, la estrategia de Sheinbaum presenta claras deficiencias. Entre octubre de 2024 y julio de 2026 -según la presidenta-, las fuerzas militares detuvieron a 63.000 personas vinculadas a actividades delictivas, incautaron 32.824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, y desmantelaron 2.725 laboratorios clandestinos. Si bien estas acciones pueden contribuir a combatir el crimen organizado, no necesariamente abordan el problema más amplio de la violencia.
Para empezar, las detenciones no equivalen a condenas. Desde 2018, el partido gobernante, Morena, ha ampliado considerablemente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, enviando a la cárcel a los acusados mientras avanzan las investigaciones y los juicios. Estudios independientes estiman que alrededor de 102.000 mexicanos se encuentran privados de la libertad a la espera de que se resuelvan sus casos. Esto sugiere que el Estado tiene dificultades para garantizar el debido proceso y un juicio justo, elementos fundamentales para asegurar que se detenga a las personas adecuadas. Entretanto, organizaciones de la sociedad civil han demostrado que la prisión preventiva afecta con mayor dureza a las comunidades marginadas, y existe el riesgo de que la mayoría de los condenados sean miembros de bajo nivel del crimen, los cuales son fácilmente reemplazables.
Por otro lado, centrarse en las incautaciones de drogas y la destrucción de laboratorios clandestinos contribuye poco a proteger a las comunidades locales de una de las formas de violencia más comunes y destructivas que padecen: la extorsión. Al igual que en muchas otras partes de América Latina, este delito es hoy uno de los más persistentes y de más rápido crecimiento en México, y afecta a todo tipo de actores, desde vendedores ambulantes hasta grandes empresas.
Las desapariciones tampoco disminuyen. México cuenta actualmente con más de 135.000 personas desaparecidas. Investigaciones recientes indican que una proporción creciente corresponde a personas reclutadas a la fuerza por organizaciones criminales -como sicarios, trabajadores sexuales, operadores logísticos, mensajeros, entre otros roles-. Sheinbaum sigue restando importancia a la magnitud de las desapariciones y el trabajo forzado en México, los cuales no fueron mencionados en la presentación del informe.
Estos problemas ponen de manifiesto una debilidad clave de la estrategia de seguridad de Sheinbaum: la excesiva centralización. El centro de análisis México Evalúa ha reconocido los méritos de la estrategia, pero advierte que, sin cuerpos policiales y fiscalías regionales más sólidos -y sin tener en cuenta los matices regionales de los delitos violentos-, será difícil mantener la reducción de la violencia a nivel nacional. Esto cobra especial relevancia en la actualidad: mientras algunos estados (Coahuila, Querétaro, Tlaxcala) registran un marcado descenso de la violencia, otros (Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa) enfrentan una violencia persistente o en aumento. Para los habitantes de estos últimos estados, la 'reducción nacional' de la violencia puede percibirse como una ficción estadística.
Una objeción común a la regionalización de la política de seguridad es que las fuerzas policiales locales son institucionalmente más débiles y propensas a la corrupción. Sin embargo, el gobierno federal puede tomar medidas para fortalecerlas y profesionalizarlas, y no tiene por qué ceder el liderazgo ni la supervisión para adaptar su estrategia a cada región.
Un éxito frágil
Coahuila ofrece una historia de éxito que a menudo pasa desapercibida. A principios de la década de 2010, Los Zetas -probablemente la organización criminal más violenta en la historia de México- controlaban gran parte del estado. La estrategia de pacificación del gobierno, que resultó mayormente eficaz, combinó la capacidad de fuego federal con una fuerza policial estatal considerablemente fortalecida; esta última atacó a la cúpula de Los Zetas hasta lograr el colapso de la base económica y la estructura de mando del grupo. Asimismo, las autoridades locales establecieron un pacto con el sector privado para combatir el lavado de dinero, canalizando cualquier contacto político con grupos criminales a través de un círculo reducido de interlocutores designados. El resultado fue una de las transformaciones más drásticas en materia de seguridad en la historia reciente de México.
La cooperación entre los niveles federal y estatal es fundamental. Sin embargo, exige una política local algo más limpia. Hasta ahora, Sheinbaum y Morena han sido indulgentes con funcionarios sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, priorizando la cohesión de la coalición gobernante sobre el enfrentamiento a la influencia política de los grupos criminales.
Parece que Sheinbaum se inclina por una vía intermedia: endurecer los filtros de selección para los candidatos a cargos de elección popular relevantes en junio de 2027, a fin de descartar a figuras con nexos criminales, sin llegar a una depuración total del partido. Es probable que esto no baste. Mientras persistan las redes de protección política que ofrecen los grupos criminales -y la impunidad que estas generan-, la labor de las fuerzas del orden se verá perjudicada.
Sheinbaum ha logrado avances importantes, pero no está claro si dará los pasos necesarios para consolidar esos logros y seguir avanzando. Gran parte dependerá de los esfuerzos por fortalecer y colaborar con las fuerzas de seguridad regionales, así como por sanear el ámbito político que condiciona su funcionamiento.
JACQUES COSTE (*)
Americas Quarterly
C. de México
(*) Autor de ‘Human Rights and Politics in Mexico’.
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