España ha conseguido convertir el turismo en una de sus grandes ventajas competitivas. Lo paradójico es que ese mismo éxito comienza a alimentar una corriente de rechazo que amenaza con penalizar a quienes lo hacen posible. El turismo genera riqueza, empleo e inversión, pero también tensiones sobre el territorio y la vivienda.
La cuestión es si nuestros gobernantes sabrán gestionar esas tensiones o preferirán buscar culpables, una tentación particularmente irresistible cuando se aproximan las elecciones.El último barómetro sobre Turismo y Gastronomía del CIS, publicado el 29 de septiembre de 2026, ofrece una radiografía reveladora.
El 79,2% de los españoles considera que las viviendas turísticas encarecen los alquileres y dificultan el acceso a la vivienda habitual. Un 80% cree que contribuyen a la pérdida de identidad de los barrios y el 76,6% les atribuye conflictos de convivencia. No estamos ante una protesta minoritaria.
El malestar ha adquirido dimensiones sociales que trascienden las preferencias políticas. Incluso entre los votantes del PP y Vox predominan quienes responsabilizan a estos alojamientos del encarecimiento residencial.Sin embargo, el mismo estudio recoge que el 66,8% considera que estos alojamientos resultan más baratos que los hoteles.
Ahí aparece una contradicción solo aparente: el ciudadano puede beneficiarse de una actividad como consumidor y rechazar sus consecuencias como residente. El mercado turístico crea oportunidades, pero también distribuye costes de manera desigual. Quien alquila una vivienda obtiene ingresos adicionales; quien busca residencia permanente en una zona saturada puede encontrarse con una oferta más reducida.
Ambas realidades merecen atención, aunque ninguna justifica ignorar la otra.Sería absurdo negar que la concentración de viviendas turísticas puede agravar los problemas residenciales en determinados barrios. Pero sería igualmente irresponsable convertirlas en explicación universal de una crisis de vivienda que responde a causas mucho más profundas.
La insuficiencia de suelo disponible, la lentitud urbanística, la inseguridad regulatoria y las dificultades para aumentar la construcción llevan años restringiendo la oferta residencial. El turismo puede intensificar el problema allí donde existe una fuerte presión de demanda, pero no explica por sí solo su origen.
Tampoco parece razonable atribuir a los apartamentos turísticos las dificultades de acceso a la vivienda en municipios donde su presencia es prácticamente irrelevante.El peligro es que la política convierta el malestar social en una coartada para multiplicar restricciones.
Prohibir resulta más sencillo que construir ; limitar licencias ofrece resultados políticos inmediatos, mientras que reformar el urbanismo exige tiempo y enfrentarse a intereses establecidos. Además, reducir la oferta turística no garantiza que las viviendas regresen al alquiler residencial ni que sus precios disminuyan significativamente, como ya se ha demostrado.
Los propietarios pueden optar por otros usos o mantener sus inmuebles fuera del mercado. Y una reducción indiscriminada de alojamientos puede terminar encareciendo las vacaciones, perjudicando al consumidor y concentrando la actividad en menos operadores.Hay, además, una consecuencia empresarial que suele pasar inadvertida.
La incertidumbre regulatoria desincentiva inversiones que requieren horizontes largos para resultar rentables. Un propietario que desconoce si podrá mantener su actividad dentro de cinco años difícilmente acometerá reformas o mejoras. Lo mismo ocurre con las pequeñas empresas que prestan servicios de limpieza, mantenimiento o gestión de alojamientos.
La regulación no afecta solo al titular del inmueble, sino a toda una cadena de actividad económica. Y cuando las reglas cambian constantemente, quienes tienen menos recursos son también quienes peor se adaptan.Esto no significa que deba existir libertad absoluta para cualquier uso inmobiliario.
La convivencia, la seguridad y las externalidades justifican reglas proporcionadas. Pero una regulación inteligente debe distinguir entre situaciones y territorios, evaluar resultados y evitar que la protección del residente se convierta en una excusa para blindar a los operadores tradicionales frente a la competencia.
No tiene sentido aplicar idénticas restricciones a un barrio histórico que a un municipio rural que encuentra en el alojamiento turístico una oportunidad de supervivencia.España corre el riesgo de responder al éxito de su principal industria exportadora de servicios con una creciente hostilidad regulatoria.
Resulta especialmente preocupante que, en lugar de abordar las rigideces que impiden aumentar la oferta de vivienda, las administraciones recurran a nuevas limitaciones sobre una actividad que contribuye a sostener el empleo y la economía local. El verdadero desafío consiste en compatibilizar la prosperidad turística con el acceso a la vivienda.
Castigar la actividad económica puede resultar electoralmente rentable. Resolver la escasez es bastante más difícil.
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