El Gobierno ha tenido problemas con la corrupción , con la invasión de Ceuta y con sus socios, ha tenido problemas con el independentismo catalán y también con las empresas, pero su relación con los sindicatos ha sido un remanso de paz durante tres legislaturas.
No han protestado ni por medidas que atentaban contra sus intereses, como la cesión al nacionalismo vasco de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, ni tampoco por el goteo de injerencias en la negociación colectiva con una lluvia fina de enmiendas al Estatuto de los Trabajadores realizadas al margen del diálogo social.
Casi 300 cambios de la norma laboral se han realizado por la puerta de atrás y ni una crítica se ha producido. El letargo de UGT y CC.OO. se ha visto interrumpido con la convocatoria de una huelga general insólita el 11 de noviembre, la primera en 14 años, para reclamar vivienda y sueldos dignos.
Pero esos problemas no son nuevos, en los últimos ocho años han ido a peor; la oferta se ha comprimido ante la inseguridad regulatoria y los precios se han disparado, mientras el sueldo más frecuente se ha situado en 16.520 euros, una renta raquítica combinada con una fuerte inestabilidad, con contratos temporales que duran una media de 37 días y contratos indefinidos que se frustran en el periodo de prueba.
Pero ahora sí toca movilizarse, a las puertas de unas elecciones generales. Ni el propio Ejecutivo niega que se trata de una huelga política . «Es contra la oposición», aseguró la vicesecretaria general de PSOE y coordinadora estratégica de la campaña socialista, María Jesús Montero.No fueron tan condescendientes con el Gobierno de Mariano Rajoy, al que ni le dieron el beneficio de la duda, con la convocatoria de una huelga general a los 98 días de llegar a La Moncloa, el 29 de marzo de 2012.
A los pocos meses, el 14 de noviembre, llegó la segunda y está vez para protestar por la reforma laboral que, en esencia, ha mantenido el Ejecutivo. Frente a las protestas que marcaron aquel mandato, desde que gobierna Sánchez UGT y CC.OO. han asegurado la paz social y se han convertido en el mejor aliado del Ministerio de Trabajo, lo que ocurría a la vez que recibían golosas ayudas del Estado.
Con este Ejecutivo los grandes sindicatos han multiplicado casi por cuatro las subvenciones directas, que han pasado de los 8,8 millones que percibían con Mariano Rajoy a los 32 millones actuales. En conjunto las ayudas públicas recibidas por UGT y CC.OO., sus organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones vinculadas, superaron los 569 millones entre 2018 y 2025, según el análisis de los listados anuales de grandes beneficiarios de Hacienda.
Desde que gobierna Pedro Sánchez estos fondos han crecido un 34%; comenzaron en 69,6 millones y en 2025 llegaron a los 93,7 millones. «Es el mejor de la historia de España», dijo sin disimulo Pepe Álvarez del Gobierno de Sánchez a finales de 2025. «España -señaló- ha avanzado como no había avanzado nunca».
El pasado año, coincidiendo con el apoyo a medidas como las frustradas 37,5 horas o el registro horario la dos centrales vieron como los recursos directos que reciben del Estado se disparaban un 25%. Como dato: cuando Yolanda Díaz accedió al cargo, a comienzos de 2020, el gasto anual en subvenciones era inferior a nueve millones y un año después aumentó un 58%, hasta 13,9 millones.
Álvarez y Sordo han sido los escuderos de la ministra, también cuando decidió que no necesita al mundo empresarial y que sus aliados naturales, UGT y CC.OO. eran suficientes para sacar adelante su (frustrada) agenda reformista, que coincide, en esencia, con la exigencias de los dos dirigentes, al que le unen lazos muy estrechos.
Díaz no esconde esa sintonía con las centrales que, año tras año, se han manifestado no sólo en las mesas de negociación, también en las marchas del Primero de Mayo, con su presencia y apoyo junto a otros miembros del Gobierno, que en algún ejercicio se contaron por decenas.
Un capítulo por escribirEnredada en un batalla ideológica, las empresas llevan siendo la diana elegida por la titular de Trabajo, con apoyo sindical, desde que la patronal comenzó a alzar la voz contra unas medidas que consideraba malas para España. Poco a poco se fue larvando un clima de malestar en el diálogo social que terminó arruinando cualquier posibilidad de entendimiento a tres bandas.
El último capítulo está aun por escribir: la subida del salario mínimo, con un alza que ya avanzan UGT y CC.OO. deberá ser «al menos» del 7% hasta dejarlo por encima de 1.300 euros .Las ayudas públicas se han convertido en un balón de oxígeno para el funcionamiento de las grandes centrales sindicales teniendo en cuenta la baja afiliación.
Ayuda también que CC.OO. y UGT están utilizado gratuitamente 58 edificios cedidos por el Estado en virtud de la Ley de Patrimonio Sindical Acumulado de 1986 , una norma que no se ha actualizado desde entonces, que buscó la devolución de los edificios incautados por la dictadura, de que disfrutan también el resto de sindicatos y la patronal.
El mantenimiento de estos inmuebles corre a cargo de los beneficiarios, no así las cargas tributarias como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por ser los edificios propiedad del Estado, que también hace frente a la rehabilitación de las fincas, como ocurrió en 2021.
Ese año el departamento que dirige Yolanda Díaz dispuso cien millones de los fondos europeos para la renovación energética de 42 sedes sindicales.Como avanzó esta diario, esos 58 inmuebles se reparten así: 33 para Comisiones y 25 para UGT. En conjunto suponen unos pagos por el IBI a cargo del erario público de al menos 700.000 euros, ya que la respuesta de Trabajo no facilita este dato para cinco edificios.
Los metros cuadrados totales de las cesiones ascienden a 22.856, y su valor de mercado, atendiendo a la media del precio de cada zona y al uso de los edificios, superaría los 200 millones, según cálculos realizados por una gran inmobiliaria para este diario.Toda España está salpicada de edificios sindicales y empresariales que son cedidos, muchos de ellos situados en zonas estratégicas de las ciudades.
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... Algunos edificios son la sedes de UGT en avenida de América, en Madrid, o la de CC.OO., en la Avenida de la Raza en Sevilla. A la poca transparencia del Ejecutivo sobre este parque de edificios se une su falta de actualización, lo que ha generado tensiones en algunas organizaciones sindicales y entre fuerzas políticas autonómicas con el Gobierno.
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