La presión no da tregua a Francia. La agencia de rating Moody’s ha mantenido este viernes la nota de la deuda soberana francesa en Aa3 con una perspectiva negativa, en un momento de profunda fragmentación política y creciente malestar social. La decisión no confirma los peores pronósticos de los analistas, que preveían el ajuste ante los desequilibrios presupuestarios de París. “Este anuncio desmiente las predicciones pesimistas de muchos “expertos” y de quienes especulan sobre la deuda francesa", ha escrito el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en la red social X tras conocer la nota crediticia.
La revisión de Moody’s no se ha alineado a las señales de alarma que ya habían lanzado otras agencias. A finales de agosto, poco antes de que las protestas estallaran en las calles, Fitch mantuvo sin cambios la calificación de la deuda pública francesa en el nivel A+ con perspectiva estable. En septiembre, sin embargo, Scope rebajó su calificación a largo plazo a A+ y revisó la perspectiva de negativa a estable, citando el aumento de la deuda pública, los elevados déficits fiscales y el limitado avance de las reformas estructurales.
La evaluación destaca que, aunque el país posee una economía “próspera y diversificada” respaldada por instituciones competentes, enfrenta grandes desafíos debido a su elevada deuda pública. En esta línea, Moody’s afirma que la inestabilidad política, marcada por un parlamento dividido y protestas sociales generalizadas, dificulta la implementación de medidas fiscales efectivas para reducir el déficit público. Aún así, la agencia advierte de que confía en que la aprobación del plan presupuestario que el Ejecutivo francés ha presentado para 2027, enfocado en la reducción de la deuda, y la remisión de las tensiones sociales remitan en los próximos meses, mejoren la situación.
En cualquier caso advierte de que para mejorar la nota “seguirá siendo necesario un esfuerzo fiscal significativo y sostenido más allá de las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027 para consolidar las finanzas públicas de Francia y estabilizar una carga de deuda que superará el 120 % del PIB en 2027″.
“La agencia de calificación Moody’s ha mantenido esta noche la calificación de la deuda soberana de Francia. Este anuncio desmiente las predicciones pesimistas de muchos ‘expertos’ y de quienes especulan sobre la deuda francesa”, ha celebrado Lecornu en su mensaje. Asimismo, el primer ministro ha ensalzado su política presupuestaria: “El Gobierno ha presentado al Parlamento un presupuesto sólido, que incluye una reducción del déficit posible gracias a los esfuerzos conjuntos”.
“Estamos protegiendo el gasto futuro en seguridad, juventud y la transición climática, al tiempo que mantenemos la estabilidad fiscal y salvaguardamos a los más vulnerables. La liberación de 10 millones de barriles de diésel afectará los precios en las gasolineras a partir del 1 de noviembre sin poner en peligro las finanzas públicas”, ha proseguido. Y ha concluido diciendo que “esta señal demuestra a nuestros acreedores que existe un camino. Nos corresponde a nosotros seguirlo y presentar un presupuesto para fin de año que cumpla con el objetivo de déficit del 5%”.
L’agence de notation Moody’s maintient ce soir la note souveraine de la dette française.
Cette annonce déjoue les pronostics déclinistes de nombreux « experts » et de ceux qui spéculent sur la dette française.
Le gouvernement a proposé au Parlement un budget sérieux avec une…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026
Clima de incertidumbre
Francia atraviesa un otoño especialmente convulso, marcado por una fractura política y social, el deterioro de las cuentas públicas y un coste de financiación que no deja de aumentar. A las protestas estudiantiles se han sumado en las últimas semanas las movilizaciones en decenas de ciudades contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida del poder adquisitivo. Los disturbios han obligado al Gobierno a aprobar un despliegue policial enorme, toques de queda y blindar las principales urbes, hasta el veto a las manifestaciones que no hayan sido convocadas por los sindicatos.
Todo ello ha alimentado un clima de incertidumbre que ha intensificado la presión sobre el mercado de deuda galo, sacudido con especial magnitud en las últimas semanas y a un ritmo que nadie esperaba. Los inversores exigen cada vez más al país para financiar su deuda: si a mediados de febrero el rendimiento del bono francés a una década estaba en el 3,2%, ahora se sitúa en el 5,04%. Este repunte refleja el aumento de la percepción de riesgo sobre la economía gala y ha ensanchado la prima de riesgo frente a Alemania, la referencia de máxima solvencia de la eurozona. El diferencial entre ambos países alcanza ya los 169 puntos básicos, su nivel más alto desde 2011.
Pese a la calificación de Moody’s, Lars Conrad, director de renta fija en Flossbach von Storch, señala que Francia es, con diferencia, el mercado con peor comportamiento de la zona euro. “Aunque las rentabilidades de los bonos a 10 años han atraído a algunos compradores oportunistas, ni siquiera las compras de volúmenes considerables por parte de inversores institucionales han logrado frenar la ampliación de los diferenciales. La escasa liquidez y las presiones vendedoras en el mercado de futuros están amplificando aún más el movimiento”, incide.
Las causas del castigo a la deuda francesa combinan factores globales e internos. El repunte de los precios energéticos y las subidas de tipos de interés impuestas por los principales bancos centrales para limitar las tensiones inflacionistas han encarecido los costes de financiación a nivel global. Pero Francia arrastra problemas propios, como una deuda que alcanza ya el 119% del PIB, el incumplimiento de los objetivos de déficit, que este año cerrará en el 5,4% del PIB —lejos de los objetivos impuestos por Bruselas— y un contexto político cada vez más complejo.
A ello se suman unas perspectivas de crecimiento anémicas: la economía francesa apenas avanzará un 0,3% este año y un 0,6% en 2027. El Gobierno francés busca encauzar sus cuentas y a principios de mes presentó los presupuestos para 2027, que contemplan ajustes destinados a reducir el agujero fiscal hasta el 5% del PIB a golpe de medidas de austeridad como la congelación de salarios públicos y pensiones. Pero la gran incógnita es si será capaz de sacar adelante este plan en un Parlamento profundamente fragmentado.
Francia afronta además una cita política clave. La próxima primavera celebrará unas elecciones presidenciales que podrían suponer un giro radical en el rumbo del país, con la posibilidad de que la ultraderechista Marine Le Pen se imponga en la primera vuelta, o desembocar en un escenario de bloqueo institucional. Cualquiera de estas opciones dificultaría la aprobación de las medidas necesarias para reconducir el deterioro de las cuentas públicas. El riesgo político recuerda al vivido a partir de 2024, cuando la fragmentación parlamentaria y la incapacidad de los partidos para alcanzar acuerdos sobre las finanzas públicas dispararon la desconfianza de los mercados. Entonces, la prima de riesgo francesa escaló hasta niveles que no se veían desde la crisis de deuda soberana de 2012.
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