Los maquinistas de Renfe han decidido mantener la huelga de 24 horas convocada para este jueves precisamente para reclamar una mejora en las condiciones de seguridad ferroviaria nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba) y cuando apenas han transcurrido 24 horas de una nueva tragedia, la de Urda (Toledo), en la que han fallecido al menos 68 personas.
Semaf, el sindicato mayoritario en el colectivo de maquinistas de Renfe, sigue adelante con la convocatoria, a la que están llamados unos 100 maquinistas . Pero también ha anticipado que estudian nuevas acciones, el sindicato ha incidido en pedir a estos operarios « extremar las medidas de precaución» en su trabajo.El peor de los presagios de los distintos colectivos ferroviarios se ha producido tan solo nueve meses después del también fatal accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas.
Tras aquel incidente de finales de enero, los sindicatos de Renfe y Adif convocaron varias jornadas de huelga para reclamar más inversión en seguridad y en la infraestructura para evitar de nuevo una catástrofe como la acontecida este miércoles.Los paros se acabaron desconvocando tras la promesa del Ministerio de Transportes de una lluvia de millones para mejorar el mantenimiento de la infraestructura y el material rodante de Renfe, pero el sindicato Semaf decidió volver a la huelga hace dos semanas, tras denunciar el «estancamiento» de los compromisos adquiridos en materia de seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz y el de Rodalies en Gélida, junto a la petición de protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos, incorporación de nuevos maquinistas, atención en caso de arrollamiento o fiabilidad del material rodante.La única medida que ha puesto en marcha el ministro de Transportes, Óscar Puente, para evitar estas tragedias ha pasado por desplegar un plan de limitaciones temporales de velocidad en los 4.000 kilómetros de vía de AVE distribuidos por toda la Península.
Esa iniciativa, que Adif ha ido modificando en función de la circulación de trenes, la intensidad de la demanda, los problemas en la infraestructura o los propios avisos de los maquinistas, ha constituido el día a día de millones de pasajeros que han visto cómo sus trenes han sufrido retrasos continuos a lo largo del año.Sin embargo, Transportes no ha dado cuenta de otras iniciativas que hayan podido acelerar la mejora en la seguridad en la línea Madrid-Andalucía , la más vetusta de todo el sistema, inaugurada en 1992, con una tecnología (la LZB), que aún está pendiente de renovar por completo en los 471 kilómetros de vía que unen el centro y el sur de España.
Esa actualización integral estaba prevista completar en 2026, pero el ministerio no ha vuelto a dar cuenta de que así haya sido cuando restan dos meses para que finalice el año. El plan del departamento dirigido por Óscar Puente pasaba por renovar integralmente la línea con un plan de Adif estimado en más de 700 millones de inversión.
Esta cuantía «ya está movilizada en su totalidad», admite el gestor de las infraestructuras ferroviarias. Pero movilizar no implica culminar una operación que aún sigue pendiente y por la cual se están ejecutando trabajos que van desde la propia infraestructura (refuerzo de sus viaductos, túneles, drenajes) hasta las vías (renovación de traviesas, desvíos y balasto) -el origen del accidente de Adamuz-, así como la renovación de la señalización con la instalación del sistema ERMS 2, que está en funcionamiento en el corredor de Barcelona o Valencia, pero aún no en el andaluz.
Mejora en las condiciones laboralesEn el comunicado de convocatoria remitido por Semaf el pasado 16 de octubre, el sindicato denunció que tanto el Ministerio de Transportes como Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) atribuyeron los retrasos a la «complejidad burocrática que supone coordinar a varias entidades».
Entre sus principales reivindicaciones figura la implantación de protocolos vinculantes ante alertas meteorológicas, así como una normativa que unifique las comunicaciones en situaciones de riesgo. El sindicato también reclama introducir la denominada «cultura justa» en las cabinas de conducción y establecer un canal directo entre los representantes de los trabajadores, la AESF y la Inspección de Trabajo para supervisar la seguridad ferroviaria y las condiciones laborales.
Además, exige soluciones técnicas para los problemas del material rodante, que se respeten las interrupciones en los tiempos de conducción y que se desbloquee la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. A estas demandas suma el cumplimiento del acuerdo del 7 de mayo para las nuevas promociones de maquinistas y la aplicación íntegra del protocolo de 1990 sobre la atención a los profesionales tras un arrollamiento.
Renfe, en cambio, reprocha a Semaf la convocatoria de la huelga porque asegura que está «injustificada» al reivindicarse cuestiones «que exceden el ámbito competencial de Renfe».
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