Las comunidades autónomas han tenido mayor flexibilidad este año para buscar cómo financiar sus números rojos. Y la han aprovechado. Las últimas estadísticas del Ministerio de Hacienda lo muestran negro sobre blanco: el importe de los préstamos baratos del Tesoro asignados a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez —cuyo compartimento más conocido es el FLA o Fondo de Liquidez Autonómico— ha caído este año a su nivel más bajo desde 2012, cuando se pusieron en marcha. Al mismo tiempo, los recursos captados en el mercado han crecido casi un 30% en este ejercicio con respecto al anterior. “Los mecanismos se van reduciendo, que era precisamente uno de los objetivos, para que las comunidades vayan acudiendo progresivamente a los mercados”, contextualiza César Cantalapiedra, socio director del área de Finanzas Públicas en la consultora Analistas Financieros Internacionales (Afi).
Los mecanismos extraordinarios son un esquema de préstamos baratos del Tesoro que empezó a funcionar en plena crisis de la deuda soberana, con el propósito de evitar una quiebra de las comunidades más asfixiadas en un momento en el que la prima de riesgo y los costes de financiación en el mercado estaban desorbitados. Como dice su apellido (“extraordinarios”) hubieran tenido que retirarse una vez pasada la tormenta, pero han acabado por normalizarse con los años como un instrumento más a disposición de las comunidades para financiar sus desequilibrios presupuestarios.
Para el conjunto de este año, el Ministerio de Hacienda ha dispuesto por esta vía 22.779 millones de euros. Aunque la cifra sigue siendo más voluminosa que la captada a través del canal privado, se ha reducido con respecto a los cerca de 25.000 millones del pasado ejercicio y es sensiblemente inferior al récord de 38.667 millones asignados en 2020, el año más duro de la pandemia. Si se suman las otras medidas de liquidez que ya no están en vigor, como las líneas ICO para financiar vencimientos de la deuda o los anticipos con cargo al sistema de financiación, el máximo se alcanzó en 2012, con 49.120 millones de euros.
Andalucía, que hasta el año pasado había compaginado la inversión privada con los mecanismos, ha optado en 2026 por salir exclusivamente a los mercados a pedir prestado, sumándose a otros territorios que tomaron hace tiempo este camino: Madrid, Galicia, Castilla y León, Asturias y las comunidades forales de Navarra y País Vasco —estas dos últimas nunca se acogieron a los préstamos baratos del Estado—. La otra novedad de este ejercicio es que Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Extremadura, Cantabria y La Rioja, que solían financiarse exclusivamente a través de mecanismos extraordinarios, han salido a buscar también recursos privados, combinando ambos canales de financiación.
En total, las comunidades han captado en el mercado más de 15.290 millones este año, la mitad concentrados en Madrid (3.823 millones) y Andalucía (3.819), según los datos proporcionados por Afi. Este importe no solo ha subido en comparación con 2025, sino que ya representa el 40% de los cerca de 38.000 millones que las autonomías han necesitado en su conjunto para cubrir las necesidades de financiación del ejercicio, sobre todo vencimientos de la deuda. Hace tan solo dos años, en 2024, la aportación de los inversores privados era mucho más exigua: supuso un 26% del total.
Alejandro Rodríguez Anglada, director de Soberanos y Finanzas Públicas en S&P Global Ratings, corrobora que el menor peso de los mecanismos extraordinarios se debe a un uso creciente por parte de las autonomías de instrumentos de mercado como préstamos bancarios y de entidades multilaterales, o emisiones de bonos y colocaciones privadas. “Está en línea con nuestras expectativas”, asegura, “y con la orientación dada desde el gobierno central a las comunidades en este sentido”.
El Gobierno restringió el año pasado el acceso al FLA, manteniendo activo únicamente el compartimiento de Facilidad Financiera —una línea de préstamos con condicionantes menos exigentes— y flexibilizando los criterios para que las comunidades pudieran salir al mercado. La decisión, forzada por la imposibilidad de aprobar una nueva senda de estabilidad en el Congreso, pretendía ser un paso previo a la desaparición de los mecanismos contemplada en el proyecto de ley de quita parcial de la deuda autonómica. Según la iniciativa, que se ha quedado en el aire por el adelanto electoral, el FLA se hubiera tenido que convertir en 2029 en una mera red de último recurso.
Independientemente de lo que pase con la condonación de la deuda y si no se tuerce la coyuntura, S&P Global cree que la cantidad de recursos captados en los mercados por las comunidades seguirá aumentando, tal y como apuntan los planes plurianuales de endeudamiento de la mayoría de ellas. Y es una noticia positiva. “Vemos la progresiva salida a mercados como un síntoma de normalización en el mix de financiación de las comunidades”, valora Rodríguez Anglada.
Cantalapiedra, de Afi, comparte pronóstico: “Ahora hay un convencimiento claro de que hay que ir al mercado”. La coyuntura también ayuda: pese a que la condonación de la deuda autonómica esté atascada y el gasto público presione al alza, los sostenidos ritmos de recaudación y la contención del déficit están permitiendo a España financiarse con mejores condiciones. “Aunque el contexto no va a ser tan propicio, porque las tasas de interés van al alza después de muchos años de tipos bajos, no estamos viendo problemas a la hora de captar financiación. Ha habido facilidad de colocación y buena receptividad”, detalla.
Medio billón de euros
Desde que los mecanismos extraordinarios y las demás medidas de liquidez se pusieran en marcha en 2012, los gobiernos autonómicos han accedido a más de medio billón de euros por esta vía para pagar a sus proveedores, financiar su déficit y, sobre todo, costear los vencimientos de su deuda, aunque con una intensidad muy distinta en función del territorio. Las autonomías que han hecho el uso más extensivo de este canal de financiación son Cataluña y Comunidad Valenciana, que son también las regiones con el pasivo más elevado y la ratio de deuda sobre el PIB más alta de todo el mapa.
Casi el 80% de los préstamos que el Estado ha dispuesto para el conjunto de 2026 han ido a parar a estas dos autonomías —9.216 millones a Cataluña y 8.717 a la Comunidad Valenciana—, que también son las que tienen más dificultades, junto a Murcia, para realizar nuevas emisiones en el mercado debido a la magnitud de sus números rojos.
Este menor uso del capital privado también se explica por las mayores restricciones que han tenido. Antes de que el Gobierno flexibilizara este año los criterios de financiación, solo las autonomías que cumplían con las reglas fiscales —respetar los objetivos de deuda y déficit, la regla de gasto y el plazo de pago a proveedores, entre otras— podían compaginar los mecanismos extraordinarios con el mercado. Las demás debían elegir uno u otro canal. La relajación llevada a cabo este 2026 permite combinar las dos vías a todas las comunidades sin déficit y con deuda inferior al 19,5% de su PIB, un requisito que solo Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia incumplen: por tener las cuentas más desgastadas, solo tuvieron permitido captar en el mercado un máximo del 10% de sus necesidades anuales.
Según Rodríguez Anglada, de S&P Global, es probable que en el futuro convivan diferentes opciones, con comunidades que hagan un mayor uso de los mecanismos y otras que apuesten más decididamente los mercados. “Cada comunidad tendrá en cuenta el volumen de recursos a captar, el apetito de los inversores en cada momento y, por tanto, los precios a los que se pueda financiar, comparados con la alternativa de los mecanismos”.
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