«Hay veces en que el funcionario está solo ante un posible cese, ante una posible coacción o presión y le da miedo que le puedan cesar o coartar su carrera profesional». La plataforma que aglutina a los sindicatos y asociaciones profesionales representativas de los principales cuerpos superiores de la Administración del Estado (inspectores de Hacienda, abogados del Estado, técnicos comerciales del Estado), Fedeca, emitió hace unos meses un célebre comunicado en el que animaba a todo aquel funcionario que tuviera conocimiento de alguna irregularidad o algún caso de corrupción a denunciarlo y a prestarle toda la protección que necesitara para hacerlo.
Este jueves, en su primer congrego anual, la plataforma más representativa de los altos funcionarios del Estado ha vuelto a poner el asunto de la relación entre los políticos y los funcionarios en el foco.«Lo que no puede ser es que desde el poder político se deriven responsabilidades hacia los funcionarios», se ha lamentado la presidente de Fedeca, Ana Ercoreca, a su vez presidenta de lo Asociación de Inspectores de Trabajo.
«Lo que les decimos a los funcionarios desde Fedeca es que no están solos, que se animen a denunciar porque va a tener todo nuestro respaldo y que puede acudir a nosotros cuando tienen un problema».Porque esos problemas son más usuales de lo que uno podría pensar.
No el conocimiento de casos de corrupción, que es más episódico, pero sí la existencia de injerencias en el trabajo de los altos funcionarios y presiones desde el ámbito político para hacer una u otra cosa. «Al final los corruptos duermen a pierna suelta, los que no duermen son los funcionarios que viven con la inquietud de si han podido firmar o dar trámite a algo tras lo que haya alguna irregularidad», ha asegurado Mario Garcés, interventor general del Estado que llegó a ser secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el Gobierno de Mariano Rajoy y que este jueves ha pedido expresamente que se habiliten canales de denuncia anónimos y eficaces en el ámbito de la Administración del Estado para que aquellos funcionarios que sufran presiones o instrucciones para hacer algo irregular puedan denunciar la situación con totales garantías.Porque el marco actual no termina de garantizar ese derecho.
Varias fuentes de cuerpos superiores de la Administración consultadas por ABC a propósito del despliegue de la ley de protección de los informantes aprobada en 2023 admiten que los canales de denuncias dispuestos hasta la fecha no se caracterizan ni por su seguridad ni por su fiabilidad.
Casi todos conocen casos de funcionarios que han denunciado alguna situación sin que se haya adoptado medida alguna contra el denunciado y sí en cambio contra el denunciante, que ha podido perder su destino o ser enviado a un puesto con peores condiciones y peor retribuido.«Aunque estos canales de denuncia son anónimos, en muchas ocasiones el denunciante es la única persona que ha podido obtener esa información por lo que el señalamiento acaba siendo inevitable», denuncian desde Fedeca.
La situación de indefensión se une a un empeoramiento objetivo de las condiciones laborales de los funcionarios. Fedeca respalda una plataforma sindical que ha logrado agrupar a varios colectivos de la Administración del Estado para exigir la recuperación de la paga que recortó Zapatero en el año 2010 y que desde entonces continúan sin percibir.Un complemento salarial para la viviendaPero no es solo ese golpe retributivo, que se une a otros ajustes que han hecho perder en torno a un 12% de poder adquisitivo a los funcionarios, si no que también reciben dietas por desplazamientos y pernoctaciones incompatibles con los precios actuales del combustible y de los establecimientos hoteleros y con una evolución de los precios de la vivienda que hace que algunos funcionarios hayan renunciado a determinados destinos por no poder pagar la vivienda.
"Desplazarse a un lugar, acudir a una formación o aceptar un destino no puede costar dinero a los funcionarios", lamentan desde Fedeca, que han solicitado a la Administración del Estado que replantee alguno de los complementos salariales actualmente vigentes para incorporar el coste de la vivienda a las percepciones que se abonan a los funcionarios.
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