El futuro de las pensiones ha vuelto al centro del debate político en plena campaña electoral, un periodo en el que históricamente a la mayoría de formaciones les incomoda hablar sobre su sostenibilidad. Para José María Camarero, sin embargo, hablar directamente de un sistema condenado al colapso es simplificar demasiado el problema.Así lo ha defendido el periodista económico de ABC este miércoles en 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, después de las declaraciones de PP y Vox sobre la necesidad de reformar el actual modelo.
«Lo que no se puede decir es que el sistema de pensiones ni va a petar, ni está colapsado, ni está arruinado, ni es una estafa piramidal», ha afirmado el periodista, que, eso sí, reitera que «tampoco se puede decir que aquí no pasa nada y que todo está muy bien».«Las cotizaciones sociales no llegan para pagar todas las pensiones», señala.
A partir de ahí plantea tres caminos: «¿Cómo se va a cubrir esa diferencia? ¿Con más ingresos, es decir, más cotizaciones; menos gastos, con recortes en las prestaciones a la hora de jubilarse; o más deuda pública y más impuestos?».«Ese es el debate fundamental»Camarero considera que son esas alternativas las que los partidos deberían concretar.
«Eso es lo que tienen que aclarar. Ese es el debate fundamental», sostiene, en lugar de recurrir a mensajes sobre una supuesta quiebra inmediata del sistema.El periodista cree además que este tipo de advertencias afectan especialmente a quienes todavía trabajan pero ya tienen la jubilación relativamente cerca.
«Asustan no tanto al pensionista actual como a los que están a partir de los 50 o 55 años, que son los que ven que no saben qué futuro les puede quedar con este tipo de mensajes» , explica.También se ha referido a la posibilidad de sustituir parcialmente el actual sistema de reparto por otro de capitalización.
«No es nada fácil pasar de un sistema de reparto como el que tenemos actualmente a un sistema mixto de capitalización», advierte, antes de recordar que la Seguridad Social mantiene compromisos futuros con millones de trabajadores y pensionistas valorados en alrededor de seis billones de euros.
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