Las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo) —al chocar un tren AVE de Renfe con un convoy parado de Iryo— podrán reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Todos ellos recibirán, al menos, lo fijado en el seguro obligatorio de viajeros (SOV), que establece un pago de 72.121 euros para los herederos de las víctimas mortales, que el jueves ascendían a 69 personas.
El seguro obligatorio de viajeros busca indemnizar a las personas que sufran daños corporales durante su desplazamiento en un medio de transporte público colectivo, antes de entrar a dirimir las responsabilidades. Forma parte del precio del viaje, por lo que los viajeros están cubiertos desde que compran el billete.
En el caso de los heridos, las indemnizaciones del SOV van desde los 2.400 euros hasta los 84.000 euros que cobrarán las víctimas que sufran graves secuelas, como ceguera o tetraplegia. Estas son las coberturas mínimas que tienen los 544 pasajeros que viajaban en los trenes Iryo y AVE siniestrados. Los pagos se ejecutarán rápidamente: en menos de tres meses.
Responsabilidad civil
Al margen de este seguro obligatorio, entrará en juego la póliza de responsabilidad de quien se considere responsable del siniestro. Tal y como ocurrió en enero con el accidente ferroviario de Adamuz, las tres empresas implicadas son los operadores de los dos trenes que han colisionado (Renfe, propiedad estatal, e Iryo, controlada por el Gobierno italiano, de forma indirecta), junto con el gestor de la infraestructura, Adif (de titularidad pública), ya que las primeras hipótesis apuntan a una cadena de fallos desde el centro de control de Atocha.
La compañía australiana QBE es el asegurador principal de Adif. Su filial europea resultó adjudicataria en julio de 2025 de una póliza de responsabilidad civil general de explotación y responsabilidad civil complementaria para Adif y Adif Alta Velocidad. Esta firma también cubre la responsabilidad civil de Iryo.
QBE Europe ya ha tenido que consignar 21 millones para las indemnizaciones en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, que ocurrió en enero y provocó el fallecimiento de 46 personas.
El miércoles, las acciones de QBE Insurance Group, que cotizan en la Bolsa de Londres, registraron una caída del 2,4%. Aunque en la sesión de este jueves se ha recuperado parcialmente al subir un 1,5%. Este tipo de compañías reaseguran parte de los compromisos asumidos para compartir riesgos.
Para saber quién pagará finalmente las indemnizaciones por responsabilidad civil, deberá realizarse una profusa investigación que establezca quién ha sido responsable del accidente. En el caso de Adamuz, 10 meses después aún no hay conclusiones.
Las indemnizaciones por responsabilidad civil tendrán como referente el baremo de accidentes de tráfico, que fija toda una escala de pagos en función de la gravedad de las heridas, el impacto emocional, la pérdida de oportunidades laborales o las secuelas físicas.
Este baremo, que los jueces toman como patrón, fija el pago de al menos 107.000 euros para la pareja de un fallecido y para cada uno de los hijos menores de 14 años. En el caso de heridos, también se tiene en cuenta la pérdida de calidad de vida por las secuelas, la incapacidad para desarrollar su profesión, los daños morales, los estéticos, los gastos que tendrá a futuro por una posible dependencia... En los grandes lesionados, las cifras que abonan las aseguradoras pueden superar el millón de euros.
Estas indemnizaciones por responsabilidad civil serán, en cualquier caso, muy superiores a las derivadas del seguro obligatorio de viajeros (SOV). “El problema”, según explica Carlos Lluch, un corredor de seguros especializado, “es que se pueden retrasar durante años por la investigación y las disputas judiciales”.
Bien lo saben los afectados por el accidente de Angrois —en 2013, con 80 fallecidos— o los de la tragedia del vuelo de Spanair —2008, 154 víctimas mortales— que han pasado un calvario en los tribunales tratando de lograr una compensación. A todo ello habrá que sumar, además, los posibles seguros adicionales que tengan las víctimas.
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