1.994,54 euros al mes (en doce pagas con las extras prorrateadas). Es el coste exacto que van a tener que asumir las empresas por cada trabajador que cobra el salario mínimo tras la subida del 5,3% propuesta por Yolanda Díaz, que dejará el indicador en 1.286 euros.
La intención de la ministra de Trabajo de aumentar otros 64,7 euros esta nómina va a implicar 1.210 euros más en costes laborales. Una factura que queda en 24.000 euros al año, 1.200 más que en este 2026, que supondrá un duro mazazo para pequeñas empresas y autónomos, que son los que pagan esta renta mínima que perciben unos 2,5 millones de trabajadores .La principal organización de autónomos, ATA ya ha echado cuentas.
Según sus cálculos, subir el salario mínimo hasta los 1.286 euros implica, en la práctica, un incremento de 100,9 euros en el coste laboral mensual total. Esto es así porque al SMI bruto que percibe el trabajador, donde se incluye el IRPF y las cotizaciones a cargo del asalariado, hay que sumar las cotizaciones sociales que paga la empresa.
De modo que si al SMI actual, de 1.220 euros, se le suman las cuotas a cargo del empleador, el coste salarial total asciende a un máximo de 1.894,16 euros al mes, cantidad que se elevará hasta los 1.994,54 euros con un salario mínimo 1.286 euros.Esos casi 2.000 euros, los más elevados en la historia, que tendrá que pagar el empresario por cada trabajador que cobra el sueldo mínimo son el resultado de sumar al SMI las cotizaciones a cargo del empleador, donde se incluye el 23,6% por contingencias comunes , el 5,5% por desempleo y el 0,9 del MEI para pagar las pensiones del 'baby boom', entre otros.
Y de añadirle las cuotas por accidentes y enfermedades laborales, que llegan a alcanzar el 7,25% en algunos sectores.Las empresas insisten en que la situación es insostenible para los negocios más pequeños, teniendo en cuenta que este indicador acumula recargos del 76,60% desde que gobierna Pedro Sánchez.
Colectivos como el de empleadas de hogar o el campo son algunos de los que más acusan el nuevo incremento, igual que el comercio , que mes a mes pierde afiliación y está en una situación crítica.Renuncia a la propuesta de los expertosDíaz ha acelerado todo el proceso para aprobar la subida del SMI justo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Primero, reunió a sus expertos de cabecera durante apenas un mes, recibió esta semana un informe con la recomendación de una subida del 4,9%, pero ha querido ir más allá y poco después de recibir estas orientaciones publicó en audiencia pública el texto del real decreto con el incremento del 5,3%, que supondría el mayor alza en cuatro años.
El decreto, en contra de los que piden los sindicatos, permitirá que las empresas puedan absorber y compensar este incremento con la reducción de los complementos de la nómina si el cómputo global del sueldo que paga a un trabajador ya supera los 18.004 euros, la cuantía en la que queda fijada el SMI para el próximo año.
La subida del salario mínimo interprofesional es uno de los momentos más esperados cada año por el Gobierno, una política a la que pueden sacar réditos sin dar explicaciones porque no es necesaria la convalidación del Congreso. La subida para 2027 sería la séptima que se acomete sin apoyo de los empresarios, teniendo en cuenta que esta propuesta si será apoyada por UGT y CC.OO., aunque estos desde un principio reclamaron un incremento de «al menos» el 7%.Utilización políticaEl incremento previsto ha hecho estallar a los empresarios.
El miércoles Trabajo informó a los agentes sociales de la subida propuesta por los expertos, del 4,9%, después de filtrarla a los medios, pero la sorpresa llegaba por la noche, cuando el departamento que dirige Yolanda Díaz publicaba un borrador de real decreto en su web con la subida del 5,3% para que se puedan presentar alegaciones hasta el 16 de noviembre .
La patronal se volvió a enterar por los medios de comunicación. Desde la CEOE denuncian «una utilización política de la capacidad legislativa» y reclaman que «cualquier decisión se adopte mediante un diálogo social leal, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias».
La patronal sostiene que debe ser el Gobierno elegido tras la cita electoral el que negocie la actualización del SMI a partir de diciembre. «Consideramos que lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido, sea del color político que sea, y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales».Esta espera, según la organización empresarial, permitiría contar con «indicadores económicos más precisos en un contexto de incertidumbre» y dejaría ver que hay una alternativa actuando con «lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con una mayor información técnica», detallan.
Pero no será así, el Ejecutivo no va a renunciar a este arma electoral .
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