El precio del realismo mágico en las urnas

Esta última semana no ha defraudado las expectativas. Como era de esperar ante unas elecciones inminentes y fuertemente polarizadas, el debate político y económico en España se ha centrado en propuestas sobre vivienda, fiscalidad y gasto público. Aunque no todas estas medidas exigen el análisis riguroso de un experto, algunas de las ya planteadas no pasarían el filtro de un estudiante de economía en su primera semana de clase.

Mientras Alberto Núñez Feijóo proponía un plan para construir 250.000 viviendas al año, argumentando que esto generaría entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo y activaría la economía mediante la inversión en lugar de depender del “gasto público” o la “deuda pública”, además de otras propuestas sobre la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y del IVA de la vivienda, el PSOE aprobaba medidas mediante decretos habitacionales.

Además, formaciones como Sumar han insistido en la necesidad de modificar la fiscalidad de los fondos de inversión mientras defienden que se debe limitar la compra de viviendas por parte de inversores. Por último, viendo lo anterior y subiendo la apuesta, Vox presentaba una agenda económica basada en fuertes reducciones tributarias, destacando la propuesta de un IRPF con solo dos tramos y un mínimo exento de 22.000 euros.

Además, han registrado iniciativas para eliminar tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para equilibrar estas rebajas, sostienen que es imprescindible una disminución del gasto político, burocrático y administrativo. Asimismo, abogan por avanzar desde el actual sistema de pensiones de reparto hacia un modelo mixto que incluya capitalización individual.

Visto lo anterior, es obvio que en la elaboración de la lista de propuestas de los partidos y que sin duda se ampliarán de forma significativa en las próximas semanas operan claras dinámicas que desafían la racionalidad empírica y las restricciones materiales. Una suerte de realismo mágico electoral en donde lo irracional, lo insostenible y lo económicamente imposible se presentan como realidades cotidianas y factibles.

Obviamente, no estamos ante simples errores de cálculo, sino ante claras estrategias de optimización electoral con promesas que en buena parte caerán en el olvido o simplemente no se llevarán a cabo porque el sistema, al que se debe odiar, no lo habrá permitido. Estamos ante un fenómeno transversal que afecta a ambos lados del espectro ideológico.

Existe una clara arquitectura simétrica de las promesas populistas en España, donde ambos bloques ideológicos eluden los axiomas básicos de la economía pública, porque es evidente que son excesivamente pesados por su realidad y por las limitaciones que implican. Por ejemplo, la izquierda suele tener una tendencia a prometer una expansión ilimitada del gasto, como si no hubiera restricción presupuestaria, como la “herencia universal” de 20.000 euros.

En este caso, el coste superaría los 10.000 millones anuales en un Estado que, a pesar de los buenos datos de estos últimos años, presenta un déficit estructural crónico, lo cual introduce una imposibilidad matemática cierta. A esto se suman otras propuestas, como la garantía estatal total y permanente sobre los precios de la energía, asumiendo que el Estado puede absorber de forma indefinida cualquier sobrecoste del mercado sin generar escasez ni quebrar las cuentas públicas.

En su caso, la derecha suele utilizar la falacia simétrica de proponer recortes masivos de impuestos (como un flat tax) prometiendo reducir 60.000 millones de gasto público sin que se merme la provisión de fondos en sanidad, educación pública, seguridad ciudadana y del sistema de pensiones.

En esta misma línea de realismo mágico se inscriben las promesas de supresión radical de impuestos corporativos bajo la premisa ilusoria de que dicho recorte se “pagará a sí mismo” de forma instantánea gracias a un crecimiento económico, eludiendo el desplome inicial de la recaudación.

Todo se suele resumir en mejor gestión y ahorro por ello, algo que firmamos muchos pero que en ningún caso llegaría a donde se necesita para cubrir esas cantidades. ¿Por qué compramos estas promesas? ¿Por qué los ciudadanos seguimos votando por medidas que sabemos que son imposibles?

Las explicaciones pueden ser varias, a cada cual más interesante y que entra más en el campo de la psicología que de la economía o política. La primera, obviamente, es negar la mayor, ya que simplemente no sabemos ni tenemos por qué saber que dicha política es imposible. Aquí la ausencia generalizada del pensamiento crítico cuando las propuestas las hacen los “míos” ejerce una enorme presión.

Pero hay más razones, obviamente, que resulta interesante incluir en la explicación. En primer lugar, el ciudadano puede ejercer su voto a modo de “voto expresivo”. Votar se convierte en un acto de afirmación identitaria y moral, en lugar de un cálculo económico racional que no interesa en ese caso.

En consecuencia, los políticos diseñan estas medidas para que funcionen como “símbolos de condensación”, de agrupación de voluntades y masas, transformando la complejidad del mercado en una obra dramática donde nos sentimos identificados como héroes cuyo objetivo es derrotar a los villanos perversos.

Además, existe lo que se llamaría racionalidad irracional. No resulta ilógico que el votante se aferre a falacias reconfortantes, pues el coste individual de equivocarse en la urna es cero. Votar por un recorte de 60.000 millones y que esto nunca suceda quedará sujeto a debates posteriores, pero la responsabilidad individual de haber votado una propuesta como esta que nunca se aplicó, o que si lo hiciera conllevaría enormes problemas posteriores, no será visto como un error propio, sino ajeno.

A lo sumo afirmaremos que fuimos engañados, pero no que nos dejamos engañar. Cuando estas políticas chocan con la realidad económica las consecuencias son evidentes y nada mejor que un ejemplo, como fue el caso de Liz Truss y su propuesta imposible de ajuste fiscal, un “mini-budget” kamikaze que duró 45 días por el pánico de los mercados.

También la capitulación de Syriza en Grecia frente a la troika tras su referéndum, dada la imposibilidad de un programa como el propuesto en medio de una de las mayores crisis económicas vivida por el país en toda su historia. Sin embargo, y desde el punto de vista político, este tipo de procedimientos electorales no son inocuos.

La reiteración continua de este patrón destruye la rendición de cuentas democrática, generando a cada ciclo que pasa una cada vez mayor desafección profunda, reajustes dramáticos en la alienación política y cinismo tóxico en la población. Esta frustración pavimenta el camino hacia opciones que trabajan a favor de la erosión democrática, lo que resulta paradójico pues es en estas parcelas ideológicas donde las propuestas más inverosímiles e imposibles suelen crecer sin control.

Frente a ello hay que llevar a cabo acciones que no son sencillas y que operan a largo plazo, pero que es evidente que cada vez son más relevantes. Así, es necesaria la alfabetización económica ciudadana que genere tanto las ideas como los criterios para desmontar estos espejismos fiscales vengan de donde vengan, así como la exigencia, tanto a priori como a posteriori, de una mayor responsabilidad política a quienes lanzan dichas propuestas.