La última promoción de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, los encargados del cumplimiento de la norma laboral, llevan ya un año cobrando dinero público y sin trabajar porque el Gobierno no les asigna la plaza ganada en concurso. Este no es un caso aislado.
Sin destino están también 180 altos funcionarios del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información que terminaron en julio sus prácticas, aunque, a diferencia de los anteriores, sí están trabajando en los ministerios que se les asignaron para completar su formación.
En ambos casos perciben algo más de mil euros. «Hemos aprobado una exigente oposición, pero cobramos el SMI », denuncian. La situación de mantener a los funcionarios sin destino no es nueva y afecta a todas las escalas de la Administración, desde los altos funcionarios, hasta los administrativos.
Nadie se libra de un periplo que llega a ser muy estresante en casos en los que no hay otros ingresos , se tienen hijos, o en los que la plaza puede asignarse fuera de la ciudad de residencia. Los inspectores denuncian que «lo más preocupante es que, además del tiempo transcurrido, seguimos sin disponer de información oficial sobre cuándo se resolverá definitivamente el proceso, ni cuándo podremos incorporarnos a nuestros puestos, más allá de rumores -puntualizan- que hablan de marzo de 2027, situación que supondría dos años desde que superamos la oposición».
Los afectados aprobaron la oposición en marzo de 2025 y finalizaron su formación obligatoria en diciembre de ese año; ahora temen que el proceso se dilate hasta 2027. La historia se repite con las oposiciones. Más de 4.000 opositores que ganaron su plaza para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) en la convocatoria de julio de 2024 tuvieron que esperar casi dos años para incorporarse a su plaza, mientras cobraban 1.060 euros por estar en casa sin trabajar.
Ahora, son 45 inspectores de nuevo ingreso, que esperan destino en su casa percibiendo 1.100 euros. El gasto total para la Administración roza los 50.000 euros al mes en las nóminas de un personal que ha sacado una oposición, está preparado para trabajar pero no presta servicio porque la Administración no le asigna su plaza.
La situación afecta también a 26 inspectores que accedieron por promoción interna desde el cuerpo de subinspectores . En su caso, trabajan, aunque desempañan otras funciones y cobran el salario de su categoría anterior.El Gobierno asegura que se sigue «un procedimiento normal» y que «pronto» se cubrirán las plazas Los afectados, un cuerpo dependiente de Yolanda Díaz, aseguran que se han puesto en contacto con los ministerios de Trabajo y Función pública y que echan balones fuera.
La respuesta que dan a los afectados es que su incorporación «sigue el procedimiento normal». Desde Trabajo afirman a ABC que «pronto» se podrán cubrir las plazas de nuevo ingreso, que dependen, dicen, del cierre del concurso de traslados anterior. Precisan que es un procedimiento «habitual», pero que es competencia del departamento que dirige Óscar López .«La incertidumbre es total»En una situación muy similar están altos funcionarios del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, que se mantienen en su puesto en los ministerios en los que realizaron sus prácticas cobrando 1.300 euros brutos, aunque desempeñando labores directivas según denuncian a este diario.
Son 180 los afectados, que acabaron su formación el 31 de julio, pero siguen a la espera de destino sin saber cuando comenzarán a ejercer el trabajo para el que opositaron y con el sueldo correspondiente. Este retraso también se suma al que se produjo para publicar la convocatoria del curso selectivo , que comenzó el pasado 9 de abril, a pesar de que las notas del último ejercicio de la oposición se publicaron el 27 de noviembre de 2025.«Primero nos dijeron que las plazas saldrían en septiembre, luego que en octubre.
No sabemos nada y la incertidumbre es total», dice uno de los 180 afectados. Explica que la mayoría de estas prácticas se realizan en Madrid y que con el sueldo que están percibiendo apenas pueden sobrevivir en la capital. «El ministro Óscar López afirmó en el Congreso que los empleados públicos merecen estabilidad, calidad y buenas condiciones, pero parece que estos empleados públicos son lo último que le importa», concluye.
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