La propuesta consta de 18 artículos y estipula que "quien, mediante acción u omisión, cause daño grave que sea extenso o duradero al ambiente, será sancionado con pena de prisión de ocho a veinte años".
En una reunión virtual con la prensa, Gustavo Alanís, fundador y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), subrayó que ya existen esfuerzos a nivel internacional para codificar el ecocidio. Sin embargo, según Alanís "hace falta adecuar esa propuesta al contexto concreto de América Latina”, donde la violencia contra defensores de la naturaleza y los altos índices de impunidad y corrupción crean desafíos especiales.
Defender la vida, generar conciencia
Lina Muñoz, abogada colombiana, docente y representante de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, enfatiza el momento difícil por el ascenso de las ultraderechas al poder, con propuestas extractivistas y posiciones negacionistas hacia el cambio climático.
"En América Latina hay ahora frecuentemente intentos de flexibilizar la legislación y los controles ambientales", constata. En ese contexto, el ecocidio es "una herramienta indispensable para defender la vida en nuestro planeta".
Según la exasesora jurídica del Ministerio de Ambiente de Colombia, "la figura nos ayuda a generar conciencia y llevar ese debate a los territorios y amplios sectores de la sociedad".
Al presentar la iniciativa, Rodrigo Lledó habló de "un hito histórico para la región". El experto chileno, director de Stop Ecocidio Américas y exdirector de la Fundación Baltasar Garzón, recordó que el concepto surgió durante la guerra de Vietnam y que en 2021 un panel de expertos independientes propuso incluirlo en el Estatuto de Roma como quinto crimen contra la paz, sancionable por la Corte Penal Internacional (CPI).
Lledó subrayó que no se trata de una propuesta contra la economía: "No estamos en contra de la actividad empresarial, sino de que se destruya la naturaleza de forma extensa y duradera con el pretexto de que creamos empleo". "No es posible matar a un ser humano por hacer un negocio. Tampoco se puede dañar el medio ambiente por un negocio", afirmó Lledó, recordando que el significado textual de ecocidio, palabra con raíces griegas, significa literalmente "Matar nuestro hogar".
Propuestas para cerrar vacíos legales
El texto es fruto de un proceso de tres etapas: una consulta pública con 240 personas, entre ellas indígenas, estudiantes y organizaciones, luego rondas virtuales con 74 expertos de distintos países y, finalmente, un panel de redacción que se reunió esta semana en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.
Entre sus novedades, la ley modelo tipifica el ecocidio como delito de resultado y de peligro, y también contempla la forma culposa, que según Lledó es más fácil de probar que el dolo en tiempos de paz. Una autorización obtenida de manera fraudulenta o corrupta no libra a una empresa de ser perseguida. También se preve el decomiso de todas las ganancias provenientes del delito y una prohibición de contratar con el Estado o participar en licitaciones públicas.
Además, se prevé la responsabilidad tanto de las personas jurídicas como de las físicas: el director ejecutivo de una empresa responderá personalmente, igual que la organización que participe en el delito. La propuesta incluye además jurisdicción universal, imprescriptibilidad, prohibición de amnistías, acción popular para que cualquier persona pueda denunciar el delito y una cláusula que protege las prácticas ancestrales de comunidades tradicionales para que no puedan ser acusadas de ecocidio.
Crear un marco jurídico ambiental robusto
La iniciativa es parte de un esfuerzo para robustecer la legislación ambiental en América Latina, junto a los derechos de la naturaleza, que reconocen a los ecosistemas como sujetos con derechos propios, y el Acuerdo de Escazú, el tratado regional de 2018 que garantiza el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales y obliga a proteger a los defensores.
En ese sentido, la nueva ley considera como agravante las amenazas contra denunciantes y personas defensoras del ambiente. Alanís señaló que los derechos de la naturaleza y el ecocidio "caminan en paralelo" y que ambas vías son viables.
El director de Cemda reconoció que la implementación suele fallar y que existen presiones económicas y políticas. Aun así, considera que introducir el ecocidio da otro nivel a los delitos ambientales, aunque también hay que fortalecer a las fiscalías. La ley modelo no exime al Estado de sus deberes de debida diligencia para prevenir y hacer cesar el riesgo o daño. Los autores proponen un plazo de dos años desde la aprobación para que empresas, Estados y fiscalías puedan adaptarse.
Lina Muñoz destacó que el proceso fue también un esfuerzo pedagógico. Según ella, el ejercicio enlazó el derecho ambiental y penal con la ciencia y con las comunidades, a las que busca fortalecer en la defensa de sus derechos. Para ello, la ley contempla asistencia jurídica, acompañamiento, traducción y el aporte de las universidades en la obtención de pruebas, de modo que la justicia no se convierta en un obstáculo adicional para quienes defienden sus territorios.
Ahora, las organizaciones civiles harán presión sobre los legisladores y gobiernos de cada país para que discutan la propuesta. El mismo jueves, una delegación presentó la iniciativa en una comisión del Congreso de México.
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